La industria inmobiliaria en Quintana Roo enfrenta una grave crisis: solo una de cada diez personas que se dedican a la asesoría inmobiliaria cuenta con la matrícula correspondiente para operar legalmente. Este panorama ha dado lugar a un aumento alarmante de fraudes, especialmente en el sur del estado, donde las autoridades y asociaciones profesionales se movilizan para revertir esta situación.
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Un Problema Estructural
Patricia Mora, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, ha hecho un llamado a la acción conjunta con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. La falta de registro no solo pone en riesgo a quienes buscan comprar propiedades, sino que también alimenta un entorno propicio para el fraude.
“De los aproximadamente cinco mil agentes que operan en el estado, solo 600 tienen un registro vigente. Esto es preocupante, ya que solo ellos pueden brindar la certeza jurídica que los compradores necesitan”, explicó Mora. Con al menos mil agentes en lista de espera para obtener su matrícula, el reto es monumental, pero urgente.
Aumento de Operativos en la Zona Norte
En la zona norte de Quintana Roo, donde se han intensificado los operativos de revisión, la situación es igualmente preocupante. Se han clausurado más de 15 mil lotes en desarrollos que no cuentan con los permisos necesarios, lo que pone en riesgo el patrimonio de muchas familias.
“Los desarrolladores ofrecen terrenos a precios atractivos en áreas sin servicios básicos, lo que puede parecer una oportunidad”, destacó Mora. Sin embargo, los compradores se encuentran luego con que han adquirido terrenos ilegales o no regularizables, lo que puede resultar en pérdidas financieras significativas.
El Sur: Un Terreno de Estafas
La situación se agrava en el sur del estado, donde el auge de las redes sociales ha facilitado la proliferación de fraudes inmobiliarios. Jaime Aguilar Cheluja, presidente de la AMPI en esta región, señala que muchos anuncios que parecen legítimos en plataformas digitales en realidad son engañosos. “Las redes se han convertido en la principal vía de estafa, desde publicaciones con información errónea hasta anuncios de alta calidad que aparentan ser legales”, advirtió.
La falta de regulación permite que estafadores vendan terrenos que ni siquiera cuentan con los permisos necesarios. “La gente pierde su inversión, y lo peor es que, en ocasiones, reciben documentos falsos que parecen válidos”, añadió Aguilar Cheluja. Esta realidad ha llevado a la desesperación de muchas familias que buscan una oportunidad de inversión en áreas que prometen crecimiento, como Bacalar y Xul Há.
La Realidad de Bacalar
Desde 2021, solo tres fraccionamientos en Bacalar han sido autorizados legalmente, lo que resalta la magnitud del problema de los desarrollos irregulares. Muchos compradores son engañados por grupos delictivos, principalmente de Yucatán, que aprovechan el interés generado por proyectos como el Tren Maya.
“La gente busca terrenos con la esperanza de que su inversión aumente en valor, pero a menudo terminan perdiendo su dinero”, comentó Aguilar Cheluja. La AMPI ha informado a las autoridades sobre estas estafas, pero la falta de acciones efectivas ha permitido que el problema persista.
Coordinación y Prevención
Ante esta creciente problemática, la AMPI está buscando colaboración con la Policía Cibernética de la Guardia Nacional para atacar la venta ilegal en plataformas digitales. Esta alianza es crucial para proteger a los consumidores de fraudes y brindarles información confiable sobre asesores inmobiliarios.
“Es fundamental que los compradores se informen y verifiquen siempre la matrícula de sus asesores”, aconsejó Mora. La educación del consumidor es clave para evitar que más personas caigan en estas trampas.
Caminos a la Legalidad
El incremento en el número de asesores inmobiliarios con matrícula es vital no solo para la industria, sino también para la economía de Quintana Roo. La AMPI está trabajando en ajustes administrativos para facilitar el registro de nuevos agentes, lo que podría aumentar el porcentaje de profesionales capacitados en el estado.
Además, se espera que la colaboración entre las autoridades y las asociaciones profesionales mejore la transparencia y reduzca el número de fraudes. “Es un trabajo que requiere tiempo, pero es absolutamente necesario para la seguridad de quienes buscan un hogar o una inversión”, concluyó Mora.
Fuentes: Novedades Quintana Roo
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