La Comisión de Movilidad del Congreso del estado aprobó diversas modificaciones a la Ley de Movilidad del estado con una particularidad: le dio estatus legal a la existencia y funcionamiento de los miles de mototaxis que hay en el estado, sin embargo, no permite el funcionamiento de UBER como un servicio privado de transporte.
Los diputados incluyeron además un cobro del 2% a cada viaje que se realiza por medio de plataformas digitales tipo Uber.
La reforma llama la atención, porque a pesar de que hay un fallo de la Justicia Federal a favor de que las plataformas de transporte no son un servicio público, sino que son un servicio privado, los diputados no entraron a la discusión del tema.
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Es decir, UBER se considera aún un servicio público en Quintana Roo, a pesar del fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Distrito que considera que las plataformas digitales son servicios privados. Pero además, se le cobrará un impuesto nuevo.
Con esta decisión, impulsada por Rodrigo Alcázar, titular del Imoveqroo, lo que se hace en realidad es demorar la reglamentación de UBER como servicio privado, para que no pueda funcionar en Quintana Roo y favorecer así a los sindicatos de taxistas.
Con información de La Opinión de Quintana Roo.
