El fallo millonario contra García Luna
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados en Estados Unidos a pagar más de 2,400 millones de dólares por su participación en un esquema de contratación fraudulenta que desvió recursos del erario mexicano.
Esta sentencia es clave para la recuperación de los activos adquiridos con dinero público, ya que los fondos fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales y posteriormente lavados en Miami. La jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, determinó la responsabilidad de García Luna y Pereyra en el esquema corrupto, que permitió el desvío de cientos de millones de dólares.
El esquema de corrupción y el desvío de fondos
Las investigaciones revelaron que, bajo el liderazgo de García Luna, al menos 30 contratos fraudulentos fueron adjudicados a un grupo empresarial vinculado a su familia, desviando 745.9 millones de dólares de recursos públicos.
Estos fondos fueron transferidos a paraísos fiscales con el propósito de ocultar su origen y finalmente utilizados para la compra de propiedades y otros bienes en Florida.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó la red de corrupción y bloqueó a García Luna y sus asociados en diciembre de 2019.
México recupera activos millonarios
El Gobierno de México presentó la demanda civil el 21 de septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar los fondos desviados. Como resultado, se aseguraron 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus cómplices, lo que representa un paso significativo en la restitución del dinero al erario público.
Además de la sentencia civil, García Luna cumple una condena de 38 años y 10 meses en una prisión de Virginia, tras ser declarado culpable en Nueva York por colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
Este fallo representa una victoria para el gobierno mexicano en su lucha contra la corrupción y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de los recursos del país.
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