Giran las primeras 12 ordenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la pasada administración municipal en Solidaridad, luego de las denuncias que interpuso la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez; confirmó el Fiscal General del Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen.
De acuerdo a información del Diario de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que como parte de la ejecución de éstas ordenes de aprehensión, la dependencia ha tenido que iniciar la ubicación de algunos de las personas denunciadas en otros estados del país “ya obtuvimos algunas órdenes de aprehensión, ya acudimos incluso hasta los extremos de la República, en particular hasta Ensenada (Baja California) en busca de algunos; que también se trasladaron hasta Naucalpan, Estado de México”, informó. “Hay otros que incluso nos reportan que están en Miami (Estados Unidos), entonces estamos nosotros trabajando”, explicó.
Miguel Ángel Pech, recordó que de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, la dependencia tiene que ser muy respetuosa del sigilo de las investigaciones y proceso, por lo que hasta que sean ejecutadas las ordenes de aprehensión, los nombres de los presuntos serán dados a conocer.
“No se trata de lo que la Fiscalía está o no realizando, no olviden que cualquier acusado o indiciado tiene derecho a defenderse y por supuesto, si tiene capacidad económica para contratar abogados, van a contratar los despachos que quisieran”.
Y es que al inicio de su administración, derivado de las irregularidades detectadas en el ejercicio del anterior gobierno municipal, la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, interpuso inicialmente dos denuncias penales ante la agencia del Ministerio Publico, las cuales fueron en contra de quienes fungieron como presidente municipal, tesorero, oficial mayor y directora de Recursos Humanos, por la probable comisión de los delitos de desempeño irregular de la función pública.
Hace unas semanas se interpuso una tercera denuncia por el uso indebido de recursos por parte de ex funcionarios de la anterior administración, que asciende a 200 millones de pesos, siendo en total tres los procesos de investigación y que son el resultado de las auditorías que se realizan en cuanto al manejo de fondos y acciones del Gobierno de la administración pasada. (Con información de El Diario de Quintana Roo)
