Este martes el Gobierno de México acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de grave irresponsabilidad por filtrar la sentencia en la que propone invalidar la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobado por el poder Legislativo en diciembre del año pasado.
En un comunicado, la oficina de Presidencia dijo que “el actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”.
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El lunes 1 de mayo se dio a conocer que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá la anulación de la primera parte de la iniciativa debido a que existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.
El principal señalamiento del Gobierno a la Suprema Corte es que, de conformidad con el acuerdo general 18/2006, “los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada”.
Con su proyecto, Pérez Dayán propone anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La filtración de la información se catalogó por el Gobierno como “una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia”. Además, con una serie de preguntas, cuestionó las intenciones de la Corte:
- ¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal?
- ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante?
- ¿A cambio de qué se entregó la información reservada?
- La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales?
- ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información?
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El hecho de que la SCJN entregara la iniciativa “clandestinamente” a un medio de comunicación, “contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno”, por lo que Presidencia exigió una investigación de oficio en la Suprema Corte para designar responsabilidades.
Con información de El Financiero.
