Un despliegue federal sin precedentes contra la tala ilegal
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asestó un golpe histórico a las redes de tala ilegal y cambio de uso de suelo en México. Del 28 al 30 de enero, la dependencia coordinó el primer multi operativo forestal simultáneo de 2026, desplegando 464 elementos en zonas críticas de 28 entidades federativas, desde Baja California hasta Quintana Roo. La acción, una de las más amplias en la historia reciente, se centró en verificar toda la cadena productiva forestal, desde los predios hasta el transporte de la madera.
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El operativo, que contó con la participación de la Conanp, Semar, Guardia Nacional, FGR y policías estatales y municipales, instaló 25 filtros de revisión en carreteras, realizó 16 recorridos de vigilancia y 38 inspecciones a aserraderos y predios. Los resultados fueron contundentes y reflejan la magnitud del problema ambiental que enfrenta el país.
Resultados nacionales: Clausuras, aseguramientos y el fin de la impunidad
El balance del operativo de tres días arrojó cifras que demuestran el alcance de la acción coordinada:
- Clausuras: Se impusieron 25 clausuras totales temporales: 8 a Centros de Almacenamiento y Transformación (CAT) ilegales y 17 a predios donde se documentó cambio de uso de suelo ilegal en terrenos forestales.
- Aseguramientos: Se decomisaron 394.95 metros cúbicos de madera (equivalente a varios camiones de carga llenos), 1,202.4 kilogramos de carbón, 2,800 kilos de piñas de agave, 5 maquinarias y 12 vehículos utilizados presumiblemente en las actividades ilícitas.
La procuradora federal, Mariana Boy Tamborrell, fue clara en su mensaje: “Este año reforzamos nuestros operativos en las zonas críticas forestales… Se acabó la impunidad para quienes destruyen nuestros ecosistemas forestales”. El operativo busca sentar un precedente de que la autoridad ambiental federal tiene la capacidad y la determinación de actuar en todo el territorio.
El impacto en Quintana Roo: Selva maya bajo presión
El operativo no pasó por alto los graves problemas de deforestación en el sureste mexicano. En Quintana Roo, la Profepa actuó en dos frentes:
- Playa del Carmen (Solidaridad): Se clausuró un predio en Playa Paraíso donde se afectaron 21.6 m² de selva mediana subperennifolia.
- Felipe Carrillo Puerto: Se verificaron y clausuraron cuatro predios en las localidades de Nuevo Durango-Cobá y los ejidos Felipe Carrillo Puerto y X-Hazil. La afectación total supera las 4.8 hectáreas (48,000 m²) de selva talada ilegalmente, principalmente para cambio de uso de suelo.
Estos casos ejemplifican la presión que sufre la Selva Maya por el crecimiento urbano y turístico desordenado, a pesar de estar en una región prioritaria para la conservación.
Otros hallazgos relevantes en el país: de la monarca a la sierra gorda
El operativo documentó una amplia gama de delitos ambientales:
- Michoacán: En la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, se clausuró un aserradero ilegal. Además, en la franja aguacatera (Zitácuaro, Uruapan, etc.), se aseguraron 172 m³ de madera y 10 vehículos, evidenciando el vínculo entre el cambio de uso de suelo para agroindustria y la tala.
- Nayarit: En San Blas, se clausuró un predio de más de 3 hectáreas de manglar y humedal rellenados para desarrollar fraccionamientos.
- Querétaro: En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, se reinstalaron los sellos de clausura a una mina de mercurio que continuaba operando ilegalmente.
- Tabasco: Se aseguró madera preciosa tropical (caoba, melina, pich) por un volumen de casi 128 m³, especies de alto valor en el mercado negro.
Un mensaje claro: Coordinación y cero tolerancia
El multi operativo de la Profepa marca un cambio de estrategia: pasar de acciones reactivas y aisladas a operativos simultáneos, masivos y con inteligencia previa. La participación de la FGR en varios puntos, como en Tlaxcala donde se realizó un cateo, señala la intención de no solo imponer sanciones administrativas, sino de perseguir penalmente estos delitos.
Para las comunidades que dependen de los bosques y para el país en su conjunto, este operativo es una señal de que la protección de los recursos forestales es una prioridad. Sin embargo, el verdadero reto será sostener esta capacidad operativa y atacar no solo a los aserraderos clandestinos, sino a las redes criminales y los mercados de consumo que financian la tala ilegal. La lucha por los bosques de México acaba de intensificarse.
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