Cancún.- Actuarios, abogados y personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) realizaron una inspección ocular a las instalaciones del First National Security.
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De acuerdo con datos recabados, se trató de una revisión en ocho cajas de seguridad que desde el mes de noviembre los abogados de los afectados pretendían revisar con la finalidad de saber en qué condiciones se encontraban.
La diligencia comenzó al mediodía con la apertura de las oficinas ubicadas en plaza Las Américas, donde estuvo Benjamín Colín León, actuario judicial del Juzgado Séptimo de Distrito en Quintana Roo.
En entrevista, Rafael Colonia, abogado de los afectados dio a conocer que desde el 23 de noviembre pasado se autorizó la inspección y que pudieron realizarla sólo de forma ocular y con la presencia de los actuarios para que verificaran, tres aspectos particularmente.
Según explicó, trataron de verificar las condiciones físicas de las cajas, si las abrieron y en caso de que así fuera, que el trámite se hiciera frente a dos testigos.
La revisión duró cerca de una hora, y al concluir las autoridades y los actuarios se retiraron del lugar, por lo que elementos de la Marina-Armada de México colocaron nuevamente los sellos de resguardo.
El funcionario salió a un paso veloz hacia la unidad militar sin dar declaraciones e solo señaló que desconocía que pasaba.
Afuera, alrededor de 10 personas, que siguen sin recuperar sus valores, molestos, manifestaron su molestia y dijeron “estar hartos” de la actuación de la PGR, que mantiene la cerrazón informativa ni les da respuesta.
Algunos refirieron que tenían entrevistas programadas desde hace tres semanas y ya no fueron atendidos porque hace cerca de un mes que los peritos cerraron la empresa y dejaron de atenderlos.
Una de las afectadas que estuvo cerca de la diligencia, Jazmín Aguilar, mencionó que tendrá una audiencia constitucional el 19 de enero de 2018 tras un amparo que promovió porque apenas el 14 de diciembre se le programó una nueva cita con personal de la Seido para terminar el procedimiento de entrega de sus valores y no fue así.
Explicó que están a la espera de que le devuelvan, en su caso dinero, los ahorros familiares que guardaron y que al igual que ella, se encuentran en la misma situación varias personas más.
Luego de la inspección, el empresario Santiago Ancona, propietario de la arrendadora, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) agilizar y dar respuesta a los afectados.
Ancona sostuvo que a estas alturas de la investigación, la misma autoridad debe saber quiénes son las esas “personas malas” que utilizaron las cajas para resguardar artículos, valores o documentación involucrados con asuntos ilícitos.
Advirtió que todo lo que se ha dicho en su contra es mentira, que de ninguna manera pudo avisar lo que trataba la investigación de la Seido y que no imaginó lo que pasaría con las 1,500 cajas de seguridad.— Infoqroo
Asimismo, mencionó que él es una de las personas afectada y hace unas semanas se entrevistó con peritos de la PGR “como cualquiera de los otros clientes” e inclusive dijo que a pesar de que no lo han llamado a comparecer, cuando se reunió con los funcionarios federales, él mismo pidió hacerlo.
Aseveró que como lo hizo desde el aseguramiento de las cajas, también apoya con información a sus clientes con documentos que se les piden en las entrevistas.
Además, dijo que se encuentra amparado por cualquier cosa. “Con este gobierno no se sabe que pueda pasar”, agregó.
Sobre la posible investigación abierta en su contra expresó que desconoce si hay algo pues tampoco ha recibido notificación oficial alguna. Fuente: Diario de Yucatán
