Las últimas cifras oficiales sobre la seguridad pública en México reflejan una realidad compleja: mientras los homicidios han registrado una disminución significativa cerca del 25 %, las extorsiones han aumentado de manera preocupante, lo que ha encendido alertas en diversos sectores sociales y autoridades federales.
En abril de 2025, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que el promedio diario de homicidios dolosos cayó a 65.3 casos, cuando en septiembre de 2024 rondaba los 86.9 diarios, lo que representa una baja de casi 25 % en ese periodo.
Abril también se posicionó como el mes con menos homicidios diarios registrados desde 2016, resaltando la tendencia de disminución sostenida que el gobierno federal ha destacado como uno de sus principales logros en materia de seguridad.
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Caída en homicidios: alivio y nuevas perspectivas
El proceso a la baja de los asesinatos ha sido palpable, en parte gracias a mejores acciones de inteligencia y patrullaje preventivo. Desde el inicio de la administración actual, los homicidios han disminuido aproximadamente un 27 % respecto al promedio diario registrado en 2020 . Esta reducción representa una señal alentadora para quienes esperaban una mejora sensible en la violencia homicida.
Sin embargo, expertos en criminología advierten que estas cifras ofrecen una visión parcial. A pesar del descenso en asesinatos, otros delitos como la extorsión, que afecta principalmente a pequeños negocios, transportistas y trabajadores informales, están creciendo.
Se ha identificado que, a diferencia de los homicidios que dejaron de crecer las extorsiones ya no permiten que sean ignoradas ni enterradas bajo los titulares.
Extorsiones al alza: nueva amenaza cotidiana
Recientes investigaciones periodísticas destacan que la extorsión se ha convertido en un delito en expansión. Organizaciones como “Tacos Rubén’s” han denunciado extorsiones indirectas, mediante amenazas grabadas a vecinos, forzándolos a pagar hasta 20 000 pesos mensuales.
El problema se agrava porque menos del 5 % de los afectados denuncia oficialmente el delito, lo que mantiene al margen la verdadera dimensión del impacto social.
Especialistas en seguridad pública advierten que la extorsión es sintomática del avance de las redes del crimen organizado que, al no poder expandir su territorio mediante la violencia letal, opta por mecanismos más silenciosos y rentables como el chantaje.
Esta modalidad impulsa redes clandestinas que operan desde barrios, plazas e incluso desde el transporte informal, dejando una huella económica y emocional profunda en las comunidades.
El reto social y la respuesta institucional
La reducción en los homicidios constrasta con la experiencia cotidiana de inseguridad. Encuestas recientes muestran que más del 50 % de la población considera que los robos y amenazas constituyen el principal problema de inseguridad, incluso por encima del homicidio . Esta percepción explica la creciente petición de medidas efectivas contra delitos que afectan directamente la vida cotidiana.
Expertos y colectivos canalizan un llamado al Estado para que refuerce la presencia de policías especializados y escuche las denuncias de extorsión con investigación eficaz. Las respuestas deben incluir programas de protección a negocios, testigos, colaboradores y transporte público; además de campañas de denuncia anónima seguras y respaldo judicial constante.
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