A varios meses de la implementación del Modelo Homologado de Justicia en el municipio de Benito Juárez, el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA) ha canalizado a 93 infractores a programas de atención y tratamiento, como parte de una estrategia que busca atender las causas de las conductas delictivas y no únicamente sus consecuencias.
El titular del IMCA, Alberto Ortuño Báez, reconoció que el objetivo central del modelo es evitar la reincidencia delictiva mediante la identificación temprana de problemas de adicción que influyen en el comportamiento de los infractores y para ello el instituto trabaja de manera coordinada con autoridades judiciales y de seguridad pública, quienes determinan qué personas pueden ser canalizadas a tratamiento especializado en lugar de enfrentar sanciones más severas.
“El objetivo es evitar que estos individuos cometan delitos mayores y lograr que se reintegren a la sociedad de manera positiva”, señaló Ortuño Báez, al explicar que el enfoque actual busca comprender qué ocurre en la vida del infractor y por qué incurre en conductas ilícitas.
No obstante, la cifra de 93 canalizaciones resulta limitada frente al contexto de violencia, delitos menores y reincidencia que enfrenta el municipio, uno de los más poblados del estado y con alta incidencia de faltas administrativas vinculadas al consumo de alcohol y drogas. Especialistas y organizaciones civiles han señalado que, si bien el modelo representa un avance, su impacto real dependerá de la capacidad institucional, el seguimiento a los casos y la ampliación de los programas preventivos.
El IMCA ofrece terapias individuales y grupales, así como programas de educación, capacitación laboral y acompañamiento para la reinserción social. Sin embargo, persiste el reto de evaluar la efectividad de estos tratamientos, así como garantizar que los infractores concluyan los procesos y no regresen a entornos que propicien la recaída.
El Modelo Homologado de Justicia plantea un abordaje integral de la delincuencia, enfocado en la prevención, el tratamiento y la reinserción social. En este esquema, el IMCA juega un papel clave; sin embargo, su éxito también depende de la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos suficientes y la implementación de políticas públicas que atiendan las causas estructurales de las adicciones.
Por último Ortuño Báez indicó que se espera ampliar la canalización de infractores en el futuro, aunque el desafío sigue siendo convertir estos esfuerzos en una estrategia sostenida que genere impactos medibles en la reducción de la reincidencia y en la construcción de una paz duradera en Cancún.
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