La audiencia de formulación de imputación en contra de un maestro del Centro Integral de Primera Infancia por abuso sexual ocurrido en 2017 se difirió para el 5 de agosto.
En tanto, la Secretaría de la Contraloría Estatal quedó obligada a rendir informe respecto a las sanciones impuestas en contra del indiciado. Así como directivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Fiscalía General del Estado, que se desentendieron de sus obligaciones en este caso.
Desde el 13 de junio del 2017 una madre exige justicia por abuso sexual sufrido por sus dos hijas infantes, de parte de un maestro de educación artística del CIPI.
Para evitar trabajo y escándalo, personal, inclusive de primer nivel del DIF y FGE, pretendió dejar el caso en el olvido.
Tras dos años de dicha situación, la parte afectada contrató especialistas y tras obtener los dictámenes, recurrió a la Comisión de Derechos humanos del Estado de Quintana Roo, órgano que emitió la recomendación CDHEQROO/ 16/ 2021/ 1.
Disculpas públicas
Tal pronunciamiento llevó a que las instancias citadas brindaran disculpa pública el pasado viernes; a través de la directora del DIF y vicefiscal de Justicia en la Zona Sur, María Elba Carranza Aguirre y Estela Labastida Mendoza, respectivamente.
Pero no se aceptó por la representación de las víctimas, toda vez que al no haber deslinde de responsabilidades hasta ahora, sería continuar con simulación.
Porque según autoridades del DIF y FGE, los involucrados están bajo investigación, pese a que el delito se cometi en 2017.
La presión ciudadana y mediática obligó a que la audiencia de formulación de imputación se programara para el 28 del presente a las 16:00 horas.
Pero la defensa del supuesto infractor no se presentó y se difirió para el próximo 5 de agosto.
La representación legal de la parte agraviada consideró es estrategia para dilatar el procedimiento judicial.
Asimismo, cuestionó que las instituciones involucradas no hayan emitido y difundido comunicados oficiales al respecto.
En tanto, la Secoes deberá rendir informe en torno al proceso administrativo y sanciones hacia los servidores públicos involucrados en este caso; que se desentendieron de su responsabilidad.
El procedimiento incluye a directores y autoridades del DFI y Vicefiscalía de Justicia en la Zona Sur, como ordenó la recomendación de la CDHUEQROO.
De haber omisión o desacato, el titular de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal, será citado a comparecer ante el Congreso del Estado.
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