Cancún.- A pesar del fallo emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito para corregir las irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, la respuesta de las autoridades y de la empresa desarrolladora avanza de forma parcial, lo que podría retrasar la solución a una problemática que lleva más de una década.
Si bien autoridades municipales y estatales han comenzado a atender la resolución a través de sus áreas jurídicas, aún persisten omisiones clave, particularmente por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), instancia que no ha emitido una respuesta formal y que resulta fundamental para definir las acciones legales y administrativas contra la constructora.
De acuerdo con Mónica Huerta, representante jurídica de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el cumplimiento del fallo depende en gran medida de que Sedetus determine si procede la ejecución de la fianza por más de 12.7 millones de pesos, recurso que permitiría avanzar en la reparación de la infraestructura inconclusa.
A esta situación se suma el silencio de la empresa desarrolladora, que no ha respondido dentro del plazo de tres días establecido por el tribunal, lo que abre la posibilidad de que el Estado intervenga directamente para ejecutar las obras necesarias en un plazo no mayor a seis meses.
La sentencia busca atender fallas estructurales en la planeación del fraccionamiento, donde una sola planta de tratamiento fue destinada para cerca de 4 mil 700 viviendas, provocando el colapso del sistema de drenaje, así como problemas constantes en el suministro de agua y condiciones de seguridad.
Mientras tanto, habitantes de Urbi Villas del Rey continúan en la incertidumbre, ante un proceso que, aunque ya cuenta con respaldo judicial, aún enfrenta retrasos y falta de definiciones por parte de actores clave.
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