A 2 meses desde que el ex presidente de Perú Pedro Castillo fue destituido por el Congreso cobró forma la amenaza que penduló sobre su Gobierno.
La inestabilidad política e ingobernabilidad que se ha ido agudizando desde 2016, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, se mantiene en máxima tensión sin que se vislumbre alguna solución.
Tras la salida del docente rural llegó a la presidencia Dina Boluarte, quien desde el principio no contó con el apoyo popular, pero sí con el respaldo del Legislativo.
Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima, Perú donde fue privado de libertad tras ser destituido.
Sus abogados sostienen que no se le hizo un antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso.
Castillo también solicitó al Poder Judicial que se anulara la resolución de vacancia emitida por el Parlamento por “incapacidad moral permanente”.
Durante estos 2 meses, en su cuenta de Twitter se han publicado varios comunicados donde califica de “dictadura” al Gobierno de Boluarte, al que responsabiliza de “criminalización de la protesta” y de cometer “ejecuciones extrajudiciales”. Asimismo se han compartido agradecimientos a los presidentes de la región que lo han apoyado.
Las promesas iniciales de Dina Boluarte de agrupar a todas la “sangres” en su gabinete y de establecer una “tregua política” se han desinflado en el camino.
De la misma manera, su compromiso de ser “la voz de los nadies” se ha ido al traste porque precisamente los sectores invisibilizados de la población son los que piden con más vehemencia su salida.
Boluarte rápidamente se separó de quien fuera su compañero de fórmula, y lo acusó de corrupción, de incitar al odio en su contra y de cometer un golpe de Estado. Por su parte, Castillo la tildó de “usurpadora”.
Hasta ahora el Congreso no ha definido que ocurra un adelanto de elecciones ni ha emprendido acciones para forzar la salida de Boluarte, como lo hizo con Castillo.
En diciembre había cuatro puntos definidos por los manifestantes: la liberación y retorno del presidente; la salida de Boluarte; la disolución del Parlamento y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien las protestas se iniciaron en las ciudades del sur y el oriente, que conforman las zonas más empobrecidas y excluidas del país, en las últimas semanas los manifestantes se han trasladado a Lima por sus propios medios.
El Gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda en 7 entidades donde el “control del orden interno” estará a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris han llegado a la capital peruana para participar en las movilizaciones, en medio de excesos de los cuerpos de seguridad y muestras de racismo, discriminación y criminalización.
El excanciller de Perú, Héctor Béjar calificó a la actual movilización como el nacimiento de un poderoso movimiento social y económico, que involucra sectores económicos y está al margen de las izquierdas.
Los medios reportan la muerte de por lo menos 69 personas en el contexto de las protestas. Por su parte, la Defensoría maneja la cifra de 59 muertos y un total de 1.622 heridos.
En Puno hay al menos 17 personas fallecidas durante las movilizaciones las cuales presentaron impactos por armas de fuego. Mientras que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por “genocidio” contra Boluarte, desde el Gobierno se ha tratado de vincular a Bolivia con estas muertes.
La presión internacional se ha ejercido desde distintos organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los antimotines.
Sin embargo, las protestas no han conseguido que se convoque a elecciones generales anticipadas.
El Congreso, al que le corresponde debatir y aprobar una fecha adelantada para los comicios, se encuentra entrampado en su propia dinámica interna.
Esto cierra el panorama de una pronta salida electoral a la crisis, bien sea través de las urnas o de la renuncia de Boluarte, quien ha manifestado reiteradamente que no dejará el cargo.
La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó la más reciente propuesta presidencial de adelanto de elecciones para octubre de este año, y bloqueó la posibilidad de debatir sobre este tema hasta agosto.
Tras la destitución de Castillo, aunque varios gobiernos de la región mostraron su preocupación por lo ocurrido, México, Colombia y Bolivia sentaron una posición más frontal.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que desde el principio hubo “un ambiente de confrontación y hostilidad”, que sirvió de abono para que sus adversarios lo destituyeran. Su par colombiano, Gustavo Petro, habló sobre el golpismo de la ultraderecha en América Latina y afirmó en el país vecino se vulneró el derecho a “elegir y ser elegido”, mientras que Luis Arce manifestó que “desde un inicio” la derecha peruana había intentado “derrocar a un Gobierno democráticamente electo por el pueblo”.
Lima ha tildado las afirmaciones de los tres países como injerencia, en medio un clima de tensiones diplomáticas que han tenido mayor intensidad con La Paz y con el expresidente Evo Morales, a quien se responsabiliza de coordinar acciones desestabilizadoras en Perú, por lo que se le impidió la entrada a esa nación.
En la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Chile y Honduras se agregaron a la lista de países con los que se han intensificado las diferencias diplomáticas.
Por otro lado, la Organización de Países Americanos (OEA), que ha sido señalada de participar en el golpe de Estado contra Morales y de promover en su seno acciones desestabilizadoras contra Venezuela, manifestó su “pleno apoyo” a Boluarte.
En cuanto a la relación a EE.UU., la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, ratificó su respaldo al Gobierno del país suramericano en días recientes y pidió “seguir dando pasos para que rindan cuentas los responsables de actos de violencia”.
La canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi dijo que las investigaciones permitirán que se determine el origen de los fondos “con los que se están financiando a grupos violentistas que se desplazan por distintas zonas del país”.
Fuente: RT
