El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha presentado un informe alarmante sobre la situación de los derechos humanos en México. En este documento, el comité denuncia una serie de abusos cometidos contra indígenas, afrodescendientes y otras minorías en puntos internos de control migratorio, instando a las autoridades a investigar y sancionar estos actos.
El informe revela que se han documentado casos de violaciones de derechos humanos, que incluyen torturas, uso excesivo de la fuerza y deportaciones ilegales, perpetrados en centros operados por agentes del Instituto Nacional de Migración y miembros de la Guardia Nacional. Según el comité, estas acciones afectan principalmente a personas afrodescendientes, negras, morenas o indígenas, incluso ciudadanos mexicanos.
Una de las preocupaciones expresadas por el comité es la práctica de perfilamiento racial, que a menudo resulta en abusos racistas y malos tratos por parte de las fuerzas del orden. Se insta a las autoridades mexicanas a prohibir estas prácticas mediante legislación para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial.
Además, el informe destaca la proliferación de mensajes de discriminación y odio racial contra estas comunidades, incluso por parte de figuras públicas. Señala la persistente discriminación estructural que enfrentan los pueblos indígenas mexicanos, reflejada en altos índices de analfabetismo, bajos niveles de rendimiento escolar y dificultades de acceso al empleo.
El Comité también expresa preocupación por el impacto negativo de proyectos de desarrollo e inversión, como el Tren Maya, en los territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como por la persecución a las radios comunitarias indígenas.
El Informe de la ONU reconoce también avances positivos en México
A pesar de estos desafíos, el informe reconoce algunos avances positivos en México, como la adopción de leyes de protección del patrimonio cultural de indígenas y afromexicanos, así como la creación de mecanismos de participación para estas comunidades.
En resumen, el informe subraya la necesidad urgente de abordar estas preocupaciones y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas en México, especialmente de aquellas pertenecientes a comunidades marginadas y vulnerables.
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