CANCÚN, Q.ROO.- En los últimos 12 años de gobierno han sido inhabilitados 47 ex funcionarios en Quintana Roo por el mal uso de recursos, falta de ejecución de programas y daños a la Hacienda Pública.
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En el sexenio del ex gobernador Roberto Borge Angulo, se inhabilitaron a funcionarios que incurrieron en delitos o faltas administrativas entre 2011 a 2016.
El 2012 fue el año con más inhabilitaciones con siete ex funcionarios, esto de acuerdo con los datos de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES).
La mayoría por incumplimientos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, relacionado con el buen uso de los recursos públicos, ejecución de planes y programas de gobierno, daños a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, entre otros aspectos de la misma ley.
Funcionarios sancionados entre 2016-2022
En tanto, durante el periodo del ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que inició su gobierno en 2016 y cerró en septiembre de 2022, también acumuló una larga lista de funcionarios públicos inhabilitados para desempeñarse en el gobierno para los próximos años.
La mayor cantidad de funcionarios inhabilitados se dio entre 2017 y 2018, sancionando en total a 25 ex trabajadores del gobierno.
Aunque la autoridad no revela los nombres de los ex funcionarios inhabilitados, si menciona que una parte de las personas sancionadas fue porque no cumplieron con la entrega de su declaración patrimonial en la mayoría de los casos, además de violaciones o incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para los años siguientes del sexenio de Carlos Joaquín González las cifras de funcionario inhabilitados disminuyeron de acuerdo con la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones.
La SECOES en 2019 inhabilitaron tres personas, mientras que durante en el 2020 debido a la pandemia, se suspendió solo a uno de sus funcionarios, mientras que en 2021 fueron dos y en 2022 también dos funcionarios.
De acuerdo con la Constitución Política de Quintana Roo en el artículo 160 considera servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y en general a paramunicipales y órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos y omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones y por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública.
