- Se suman propuestas y aportaciones de la sociedad civil a la iniciativa de ley
- Será en octubre cuando inicien los trabajos entre diputados y gobierno del Estado: Emiliano Ramos
Cancún, Quintana Roo. – Será el próximo 15 de octubre cuando inicien los trabajos de cabildeo entre el Congreso local y representantes del gobierno del Estado, para aprobar la creación del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aseguró el diputado Emiliano Ramos Hernández.
En una segunda reunión entre representantes de diferentes asociaciones civiles y el legislador Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, iniciaron los trabajos de revisión de cada artículo que integrará el dictamen que será turnado a comisiones para su discusión y eventual aprobación.
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“Durante estos 15 días estaremos en reuniones para revisar con las asociaciones civiles cada párrafo y artículo que permita tener afinado, a mediados de octubre, una iniciativa trabajada con la sociedad civil y poder impulsar su aprobación y dictamen en comisiones”, puntualizó el diputado local.
Ramos Hernández, explicó que durante esta reunión se acordaron las facultades, atribuciones y el perfil que tendrá el encargado de dirigir el instituto, así como cada punto que debe atender en materia de salud y materia económica.
“Cada asociación civil contribuyó en la construcción de los artículos de la creación del instituto, así como en la definición de las funciones, atribuciones y alcances para que el 15 de octubre podamos tener listo el dictamen con el fin de iniciar el trabajo de cabildeo con los diputados de esta legislatura y con el gobierno del Estado”, dijo.
Por su parte, Marta Basurto Origel, directora de Astra, organización dedicada al trabajo con personas autistas, comentó: “A los ojos de las organizaciones que estuvimos participando, ya tenemos un 80 por ciento consensuado. Estamos en un tema de afinar pequeños detalles para presentar una propuesta lo más clara posible y dotar al instituto de atribuciones con las cuáles pueda tener injerencia dentro de las instituciones de gobierno en el diseño de políticas públicas y evaluación de programas y que, finalmente, sea quien recoja las voces de las personas con discapacidad.” Redacción
