Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Congreso de la Unión que no apruebe las iniciativas legislativas que busquen ampliar el catálogo de delitos de alto impacto social, para los cuales está prevista la prisión preventiva de oficio.
Las organizaciones emitieron un comunicado este viernes, criticando el proyecto de reforma presentado el jueves 20 por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, con el que se busca ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, previsto en el artículo 19 constitucional.
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Además, de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, el grupo parlamentario de Morena busca que los sujetos vinculados a proceso por delitos en materia de corrupción, en materia electoral, de robo de hidrocarburos y armas de fuego y explosivos estén en prisión preventiva sin excepción.
Actualmente, las leyes mexicanas prevén un catálogo de delitos en los cuales se aplica prisión preventiva de oficio y además dispone algunas consideraciones para que los jueces decidan si personas vinculadas a proceso por otros delitos merecen estar en prisión preventiva.
Organizaciones como Causa en Común, Cencos, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Fundar, entre otras, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU se han pronunciado contra la prisión preventiva oficiosa.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, por ejemplo, señaló que por ser automática y no prever alternativas la prisión preventiva oficiosa es contraria a la presunción de inocencia.
“Esta medida ha agravado el hacinamiento en los centros públicos de privación de libertad; su uso irracional es mayor entre grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de mujeres y personas indígenas, e intensifica práctica de la tortura”, afirmaron las ONGs.
“La iniciativa de reforma constitucional del senador Monreal promueve, en resumen, el resurgimiento del discurso de mano dura y eficientisimo penal que pugna por la reducción de los derechos como la única vía para lograr seguridad. También potencia la arbitrariedad en uso del poder punitivo del Estado y refuerza la lógica de excepción que subyace en la Constitución, al generar un sistema de tratamiento diferenciado que es restrictivo de los derechos básicos en una sociedad democrática. Nada más alejado de cualquier pretensión de transformar el sistema de justicia, la seguridad y, en general, la convivencia social”, concluyeron. Fuente: Ariestegui Noticias
