Cancún.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que preside Harley Sosa Guillén, ha iniciado de oficio la queja VG/BJ/565/12/2017, en razón de un reportaje de un medio de comunicación local, en donde se denuncia la manera en que se organiza presuntamente la persecución de operación de taxi a los conductores de Uber.
Te puede interesar: http://clicnoticias.com.mx/2017/12/11/la-participacion-ciudadana-es-fundamental-para-prevenir-la-violencia-carlos-joaquin/
Este organismo público autónomo estatal advierte con preocupación que las inconformidades respecto a la operación del servicio de Uber en el estado, se están llevando fuera de todo proceso legal, pero es todavía más preocupante, como se anticipa en dicho reportaje, la posible permisividad de elementos de tránsito municipal en Benito Juárez en estas persecuciones, que en ocasiones han derivado en agresiones de todo tipo, tanto al conductor como para las y los usuarios de ese servicio.
La posible actuación lesiva de derechos humanos por parte de estos servidores públicos municipales, motiva a este organismo a actuar, a fin de investigar si en efecto la autoridad tiene alguna responsabilidad por actos o bien por omisiones, en los casos en que se haya amedrentando a los socios de Uber.
Esta comisión de los derechos humanos ha decidido abrir este expediente, especialmente considerando que durante la semana pasada se dio a conocer un video de una reunión del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, en el cual se realizaron claras amenazas de muerte en contra de los operadores del citado servicio Uber, por lo que es evidente que existe un clima de confrontación y violencia.
Al respecto de esto último, la CDHEQROO reitera su postura emitida el día 26 de octubre con motivo del lamentable fallecimiento de un taxista, de convocar a la civilidad y el respeto a la ley, traduciéndose esto en no hacer justicia por su propia mano. Siendo que el punto medular en este enfrentamiento, versa sobre la operatividad de la empresa Uber, el llamado es también para que las partes en conflicto, recurran al marco legal para dirimir las controversias que se susciten en el ámbito de transporte público, como el diálogo, los recursos jurisdiccionales como no jurisdiccionales, que tiene como fin último la resolución pacífica del conflicto.
Sosa Guillén reconoció la actuación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado, de sancionar al socio del Sindicato de Taxistas que incitó a la violencia en contra de Uber, mediante la suspensión por seis meses. En este sentido dijo que todas las autoridades están compelidas a no tolerar la violencia, por lo que se deben tomar las previsiones normativas, para sancionar a quien se comporta o actúa en detrimento de la integridad de las personas. Fuente: Grupo Pirámide
