Cancún.- Agentes de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) en los próximos días arribarán a la entidad para investigar el desempeño tanto del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, como de la que fuera su delegada estatal, Carolina García Cañón, en el caso del hotel Gran Solaris Cancún.
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Según se pudo averiguar, la visita del personal de la de la citada instancia, la cual, a través de su Dirección General de Asuntos Internos, es la encargada de velar por el buen desempeño de todos los funcionarios del Ejecutivo federal, se realizará ante el cúmulo de señalamientos que han presentado los ambientalistas sobre el incorrecto actuar de los inspectores de la Profepa ante la muerte de decenas de crías de tortugas marinas por las obras de delimitación del predio en el que estaría asentado este centro de hospedaje en Playa Delfines, hoy por hoy, la última ventana al mar que les queda a los cancunenses.
En este sentido, no se puede perder de vista que dicho ecocidio también fue motivo de una denuncia penal que la representante del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, Katherine Ender Córdova, interpuso en su momento ante la PGR, por lo que se espera que también se analice el curso de la misma para darle la transparencia y celeridad que amerita.
Al respecto, se sabe que los efectivos federales también se abocarán a revisar las evidencias que obran en fotografías, videos y notas periodísticas sobre el caso Gran Solaris y a esclarecer los presuntos actos de corrupción que se atribuyen tanto a García Cañón como a Haro Bélchez, al solapar que se tergiversara la realidad sobre lo que sucedió con las citadas crías de tortugas marinas que, pese a eclosionar, murieron al interior de un corral que fue instalado supuestamente para garantizar que pudieran llegar al mar.
Asimismo, trascendió que una vez que se deslinden responsabilidades, los antes mencionados, de comprobarse que abusaron de sus cargos en perjuicio del medio ambiente, serían objeto de sanciones no sólo de tipo administrativo, sino también penal.
Finalmente, cabe señalar que no obstante la vorágine que ha generado este caso, incluso a nivel internacional, el nuevo delegado de la Profepa en la entidad, Javier Castro Jiménez, continúa guardando un absoluto silencio. Fuente: Diario de Quintana Roo
