EEUU.- Un juez federal de California emitió este lunes una orden judicial preliminar que impide al gobierno del presidente Donald Trump continuar con su política que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesa sus solicitudes.
El juez de distrito Richard Seeborg de la Corte del Distrito del Norte de California en San Francisco decidió que el programa de “Protocolos de Protección al Migrante”, como se llama la iniciativa, debe cesar a fines de esta semana.
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Seeborg concluyó que la ley existente no le otorga al gobierno de Trump el poder de hacer cumplir la controvertida política, que fue introducida en San Diego a finales de enero de este año y luego expandida a otras partes de California y Texas.
El juez dijo en su fallo que además de violar las leyes de inmigración, los protocolos no incluían “suficientes salvaguardas” para cumplir con la obligación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de devolver a los migrantes a lugares donde “su vida o su libertad serían amenazadas”.
El mandato preliminar a la política de la Casa Blanca es nacional.
El magistrado concedió la solicitud que habían presentado organizaciones de libertades civiles que pidieron detener la práctica mientras avanza su demanda en contra del gobierno por el lanzamiento del programa.
DEMANDA
La demanda en nombre de 11 solicitantes de asilo de países centroamericanos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, dice que la administración de Trump está violando la ley de Estados Unidos al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes mientras permanecen en México.
También acusa a los funcionarios de Seguridad Nacional y de Inmigración de privar a los migrantes de su derecho a solicitar asilo por lo que les resulta difícil o imposible hacerlo.
Seeborg dictaminó además que los migrantes que figuran en una demanda deben poder ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo.
La orden del juez federal descarrila una iniciativa clave de la Casa Blanca que busca frenar el ingreso de familias centroamericanas al país.
Bajo la nueva política, a los solicitantes de asilo no se les garantiza intérpretes o abogados, y no pueden argumentar ante un juez que enfrentan una posible persecución o tortura si son enviados de regreso a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), durante una audiencia judicial de marzo.
ESCEPTICISMO
Pero Seeborg se mostró escéptico ante el argumento de la demanda de que la administración aplicó erróneamente una ley de EE.UU. que permite el regreso de los inmigrantes a México.
La ACLU y otros grupos que están demandando dicen que la ley no se aplica a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera ilegalmente o llegan a un cruce sin los documentos adecuados.
El juez también cuestionó el argumento del Departamento de Justicia de que los solicitantes de asilo enviados de regreso a México no son elegibles para ciertas protecciones, como una audiencia ante un juez de inmigración. Fuente: El Mañana
