El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa buscará que, en caso de aceptar su extradición sumaria a México, sólo se le juzgue por el desvío de 350 millones de pesos y como responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, porque sólo uno de los ilícitos es considerado grave en la legislación mexicana, indicaron funcionarios de la Fiscalía de Guatemala.
El miércoles, el ex mandatario pospuso su decisión de ser extraditado a México y la definición de aceptar que su entrega sea de manera sumaria u ordinaria; lo anterior, durante una audiencia realizada en el quinto tribunal de lo penal, donde se le informó de las acusaciones que pesan en su contra hasta el momento.
Los funcionarios explicaron que la estrategia de la defensa fue no aceptar el proceso de extradición hasta que se conozcan las condiciones en las que será juzgado el ex gobernador y los delitos de que se le acusa.
En caso de aceptar ser extraditado de modo sumario, es decir, que Duarte acepte voluntariamente su entrega a México, ello generaría que no tuviera precisión en los delitos por los que se le juzgará.
Esta condición, dijeron, podría derivar en que las autoridades mexicanas soliciten nuevas órdenes de aprehensión en contra del ex mandatario sin que se tome en cuenta el consentimiento de las autoridades de Guatemala, y con ello aumente el número de años que pasaría en prisión. Una extradición sumaria tomaría máximo 10 días para que Javier Duarte fuera entregado a las autoridades mexicanas.
En tanto, si Duarte prefiriera someterse a un juicio de extradición ordinario, su traslado a México podría tomar un año o más, pero de esa manera quedarían perfectamente precisadas las condiciones en que sería juzgado y el número de cargos que enfrentaría. En este caso, si se le pretendiera juzgar por otras causas a futuro, el Ministerio Público tendría que solicitar el aval del gobierno de Guatemala.
Actualmente, la Procuraduría General de la República sólo ha solicitado la entrega de Javier Duarte de Ochoa para que sea juzgado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el desvío de 350 millones de pesos del erario veracruzano. (Fuente: La Jornada)
