La Profepa da luz verde al desarrollador tras sanción económica
En Bahía Solimán, Tulum, se ha generado una gran controversia debido a la decisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de permitir la regularización de un proyecto inmobiliario tras el pago de una sanción económica.
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La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) ha expresado su inconformidad con esta medida, que consideran perjudicial para el ecosistema local.
Descontento ambiental por decisión de la Profepa
Antonella Vázquez Cavedon, fundadora de Dmas, criticó duramente la decisión de la Profepa de abrir la posibilidad de regularización para el desarrollador del proyecto, en lugar de proceder con una clausura permanente.
Vázquez señaló que la frase “más vale pedir perdón que pedir permiso” se ha convertido en un lema tristemente célebre entre los desarrolladores inmobiliarios y hoteleros que actúan sin los permisos correspondientes en Quintana Roo.
“Desafortunadamente, la Profepa ha indicado que si quieren mantener las construcciones, tienen 10 días para presentar una solicitud de impacto ambiental, lo cual va completamente en contra de la naturaleza de ese procedimiento. No se puede hacer a posteriori; se han negado autorizaciones cuando se hace después porque ya incumpliste”, explicó Vázquez Cavedon.
En noviembre de 2023, la sociedad mercantil Tulum Dieciséis inició la construcción de un edificio de siete niveles sin los permisos de impacto ambiental necesarios, en una zona próxima a un área de anidación de tortugas marinas, a tan solo cinco kilómetros del Área Natural Protegida (ANP) Santuario de la Tortuga Marina Xcacel Xcacelito.
Ante esta situación, los habitantes locales buscaron el apoyo de Dmas, que presentó un juicio de amparo debido a la inacción de la Profepa tras una denuncia popular.
El Juzgado Octavo de Distrito otorgó medidas cautelares a Dmas, obligando a la Profepa a sancionar al desarrollador.
Sin embargo, tras la imposición de estas sanciones, el juez federal determinó sobreseer el juicio de garantías, argumentando que ya no existía el acto de autoridad a resolver.
Antonella Vázquez adelantó que Dmas continuará su lucha legal para detener la obra y proteger el ecosistema de Bahía Solimán.
“No vamos a permitir que se regularicen construcciones que ponen en peligro nuestro medio ambiente. Seguiremos agotando todas las vías legales para asegurar que se respeten las normas ambientales”, afirmó la abogada de Dmas.
Fuente: Novedades Quintana Roo
