Lanza Perú nuevo plan de reactivación económica por 1,600 millones de dólares casi 6,000 millones de soles (1,573 millones de dólares), para suavizar el impacto de la convulsión política y social que asedió a inicios de este mes a la nación minera.
El ministro de Economía, Álex Contreras, dijo en conferencia de prensa que el programa busca una recuperación rápida de la actividad con miras a anotar un crecimiento del 3% en el primer trimestre del 2023.
La crisis política desatada luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien está detenido por “rebelión” tras intentar ilegalmente disolver el Congreso. Generó una serie de protestas, enfrentamientos y bloqueos de infraestructura que dejaron al menos 22 muertos en la nación sudamericana.
El Gobierno peruano estima que las pérdidas para la actividad económica por los violentos disturbios de las últimas semanas ascienden a unos 1,000 millones de soles (260 millones de dólares). Lo que significa alrededor del 1% del avance del PIB en diciembre, sin contar los daños a infraestructura crítica, como edificios públicos, obras viales y aeropuertos.
Lanza Perú nuevo plan de reactivación económica
“Pretendemos atender una situación de emergencia”, dijo Contreras, recientemente designado para el cargo por la presidenta Dina Boluarte. “Es un plan focalizado en las regiones más impactadas por la conflictividad”, sostuvo.
El plan de reactivación, que apunta al respaldo de las empobrecidas regiones del sur azotadas por los enfrentamientos, se financiará con recursos adicionales por la recaudación fiscal y saldos del presupuesto no ejecutados durante este año, dijo el ministro Contreras.
La iniciativa, sin embargo, no conlleva un ajuste de las proyecciones oficiales para el crecimiento del 2023, que permanecen en un rango de entre 3.1% y 3.9%, al tiempo que intentarán ceñirse al objetivo actual del déficit fiscal para el próximo año del 2.4% del PIB.
El ministro de Economía ya había dicho en una entrevista a mediados de diciembre que modificar el objetivo de déficit fiscal, en estos momentos, “no es negociable”.
Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo, ya venía afrontando una seguidilla de conflictos sociales que han impactado en proyectos mineros clave, especialmente en las regiones del sur, donde pobladores locales reclaman mayores beneficios por la explotación de los recursos.
