La obra municipal para personas en situación de calle está al 98% y abrirá en marzo, pero el ayuntamiento no tiene un censo actualizado, no revela quién lo operará, bajo qué contrato, ni cómo funcionará la atención psicológica.
Por Teresa Pérez
Con un 98% de avance y la promesa de abrir sus puertas en la primera semana de marzo de 2026, el Albergue “Para Transformar Vidas” en la Supermanzana 228 se perfila como el primer espacio municipal en Cancún destinado a personas en situación de calle con problemas de adicciones.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez, la obra —que incluye consultorio médico, área psicológica, cocina y espacio para 50 personas— fue supervisada este fin de semana por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, quien calificó el proyecto como “pionero” y aseguró que ofrecerá “una segunda oportunidad de vida”.
Sin embargo, más allá de la infraestructura, la política social municipal no sabemos ¿quién operará el espacio? ¿Con qué presupuesto anual? ¿Cómo funcionará la atención?
El 11 de diciembre de 2025, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad otorgar el uso y administración de una fracción de 600 metros cuadrados del inmueble al Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA).
El director del IMCA, Alberto Ortuño Báez, declaró en enero de este año que el albergue operará con un presupuesto inicial de 2 millones de pesos y que el personal estará a cargo de una asociación civil, no de personal municipal directo.
Este modelo de tercerización plantea dudas sobre la calidad y continuidad de la atención. ¿Qué asociación operará el espacio? ¿Bajo qué contrato? ¿Cuánto recibirá por sus servicios y por cuánto tiempo?
El ayuntamiento no lo ha detallado, y hasta ahora no existe publicación oficial en los portales de transparencia que responda.
Foto: facebook.com/soyanapaty
Uno de los datos más relevantes que no formaron parte del discurso oficial de la alcaldesa es que la atención psicológica no será permanente.
En el anuncio original del proyecto, en noviembre de 2024, se mencionó que el albergue se apoyaría con “recurso humano del IMCA y personas que forman parte de una comunidad terapéutica con la que se tiene un convenio de colaboración”.
Sin embargo, Ortuño Báez explicó posteriormente que “los psicólogos no es que estén ahí fijos, son atenciones programadas”, combinadas con juntas de Alcohólicos Anónimos, actividades recreativas y sesiones grupales.
Este esquema de “consulta por hora” podría ser insuficiente para personas con adicciones severas, que requieren acompañamiento continuo, especialmente en las fases iniciales de desintoxicación.
La política social del ayuntamiento parece apostar por un modelo de bajo costo operativo, pero no se ha explicado cómo se garantizará la calidad terapéutica con psicólogos que acuden “programados” y no de planta.
Tampoco se ha revelado si el personal de la asociación civil tendrá experiencia en adicciones.
Foto: facebook.com/soyanapaty
La diferencia entre un albergue y un centro de rehabilitación es justamente la intensidad del tratamiento, y hasta ahora los documentos públicos no permiten verificar en qué categoría se ubicará este espacio.
Ortuño Báez también ha sido claro en que el ingreso será estrictamente voluntario.
“Tenemos que llegar con el usuario y platicar con él, no simplemente es llegar y ‘súbete’, sino que la persona tiene que estar convencida”, explicó en entrevistas previas.
Este enfoque respeta la autonomía de las personas, pero también implica que muchos de los habitantes de calle más visibles —aquellos que generan molestia ciudadana y “afectan la imagen urbana”, según justificaciones oficiales— podrían rechazar la ayuda, dejando al albergue como un espacio vacío con buenas intenciones.
El ayuntamiento ha mencionado que la reinserción social incluirá programas para terminar secundaria y preparatoria, así como convenios con CECATI para capacitarlos en oficios.
El propio director del IMCA anunció en noviembre de 2025 que iniciaría el censo municipal de personas en situación de calle. Meses después, en febrero de 2026, Ortuño Báez reiteró que el censo se realizaría “dos semanas antes de la apertura”, argumentando que esta población “cambia de ubicación constantemente”.
A menos de 15 días de la posible inauguración, no hay evidencia pública de que el conteo se haya ejecutado.
El INEGI no cuenta con datos de personas en situación de calle. Ni el Censo 2020 ni los ejercicios intercensales están diseñados para captar a esta población, pues, su metodología parte de viviendas particulares.
Esto significa que la responsabilidad de contar con un censo municipal recae exclusivamente en el ayuntamiento.
Lo que el INEGI sí ofrece son indicadores de contexto, como que, en Benito Juárez, 31.7% de la población vive en pobreza moderada y 6.23% en pobreza extrema, un universo de vulnerabilidad del cual las personas en situación de calle forman parte, pero sin un dato específico que permita dimensionar el fenómeno.
La única cifra parcial disponible proviene del propio IMCA refiere que, en la zona fundacional de Cancún, se han identificado al menos 67 personas en situación de calle que reciben seguimiento.
Foto: facebook.com/soyanapaty
Una cifra que contrasta con los 50 espacios disponibles en el albergue, pero que difícilmente refleja la magnitud real del problema en un municipio de más de 900 mil habitantes.
El Albergue “Para Transformar Vidas” no es nuevo en el discurso municipal. En noviembre de 2024, el ayuntamiento anunció el proyecto y proyectó que la adecuación del inmueble —un antiguo Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI)— tomaría seis meses.
En julio de 2025, Ana Paty Peralta supervisó los avances y previó una inauguración “en agosto” de ese año. No ocurrió. Luego se dijo que abriría en abril de 2026. Ahora, la fecha es marzo de 2026.
Los retrasos, por sí mismos, no definen el éxito o fracaso de una obra pública. Pero en este caso, evidencian dificultades para cumplir los plazos anunciados, lo que plantea interrogantes sobre la planeación y ejecución de la política social municipal.
El modelo anunciado contempla estancias temporales, no permanentes. “No es que se vayan a quedar a vivir ahí, sino que será el inicio”, explicó Ortuño.
“Después de algunos meses, los empezamos a capacitar para reinsertarlos a la sociedad”.
Foto: facebook.com/soyanapaty
Suena razonable, pero ¿qué pasa con quienes no logran rehabilitarse en ese tiempo? ¿Existe una red de apoyo externo?
El IMCA ha mencionado que busca gestionar oportunidades laborales mediante convenios con empresas para evitar que las personas regresen a la misma vida, pero no hay documentos públicos que respalden esos acuerdos.
La experiencia en otros municipios muestra que la reinserción de personas en situación de calle con adicciones requiere acompañamiento de largo plazo, no solo unos meses de techo y talleres.
Tras revisar fuentes oficiales y los canales de información del mismo ayuntamiento, no hay evidencia de que el Ayuntamiento tenga el censo prometido en noviembre de 2025 y nuevamente en febrero de 2026.
Tampoco se ha revelado el nombre de la organización que gestionará el espacio, a pesar de que en 2024 se mencionó un convenio con una “comunidad terapéutica”.
Ni en el portal de transparencia, ni en gacetas municipales existe el texto del convenio, sus cláusulas, ni el proceso de selección. Se desconoce cuánto recibirá la asociación por sus servicios y por cuánto tiempo estará vigente el acuerdo.
No hay documento público que detalle los horarios, frecuencia de las consultas psicológicas, perfiles profesionales requeridos o protocolos de intervención.
Aunque el presupuesto municipal 2026 fue aprobado por más de 8 mil millones de pesos, no hay un desglose que especifique la asignación para el funcionamiento del albergue.
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