La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados urgió a tomar medidas concretas para evitar la violencia en el entorno escolar.
Al encabezar un foro de análisis sobre la armonización de las leyes en materia de educación con las disposiciones sobre derechos humanos, la presidenta de ese órgano parlamentario, Hortensia Aragón, advirtió que la situación es tan grave, que se debe incluir en la ley sanciones a quienes practican la violencia escolar y a quienes no lo denuncien.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfatizó que es necesario elaborar protocolos a nivel nacional, para que las autoridades educativas, profesores, padres de familia e incluso los estudiantes, sepan cómo proceder en casos de acoso y violencia escolar.
“Además de establecer como infracción de quienes prestan servicios educativos el realizar, promover, propiciar o tolerar, incluso no denunciar actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Incluir los términos de acoso escolar y de educación inclusiva como una forma de que la ley sea específica y funcione como un referente en el contexto educativo”, planteó.
Aragón Castillo recordó que de los más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el país, 7.6 por ciento de ellos viven en “inseguridad alimentaria severa”, es decir, no tienen qué comer; y cuatro de cada 10 menores de edad son víctimas de violencia.
Añadió que a esto se suman la tasa de suicidio de más de cuatro por ciento por cada 100 mil infantes de entre 10 y 17 años; así como el hecho de que ocho de cada 100 niños trabaja en el país, lo que obliga a adecuar las leyes educativas a las normas y convenios internacionales sobre derechos humanos.
Durante el encuentro, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño, respaldó la intención de legislar en la materia y establecer claramente en la ley las obligaciones y responsabilidades de las autoridades educativas, a fin de evitar omisiones.
Es necesario, dijo Treviño Cantú, que la ley educativa integre como elemento fundamental el interés superior de la niñez, que se establezca en definitiva el deber de dar educación en condiciones de “normalidad mínima” y elaborar estrategias y protocolos claros para combatir la violencia en las aulas.
En su intervención, Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, Unicef, coincidió en que la armonización de la Ley General de Educación con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es prioritario.
Detalló que de acuerdo a Unicef, 1.3 millones de niños mexicanos no asisten al preescolar; 263 mil no van a la primaria; y 2.3 millones de adolescentes tampoco van a la escuela, en la mayoría de las ocasiones por causas económicas.
Indicó que aproximadamente 600 mil niños en nuestro país están en riesgo de dejar las aulas antes de haber terminado sus estudios, por problemas económicos y de rezago social; ello, aunado a que es indispensable mejorar la calidad de la enseñanza y en la profesionalización de los docentes desde preescolar y hasta la educación media superior.
Apuntó que de la inversión pública en educación en México, la cual registra un nivel alto, el gasto por estudiante, desde la primaria y hasta la universidad equivale a solo el 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, y esto representa el segundo promedio más bajo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
