Las leyes Federal del Trabajo (LFT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) discriminan a las empleadas del hogar. La primera porque establece jornadas laborales de hasta 12 horas en lugar de las ocho en promedio y la segunda porque no dispone un régimen obligatorio de seguridad social, aseguró Alexandra Haas Paciuc, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
En un encuentro, mujeres de oeneges y funcionarias se pronunciaron porque el Estado ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Marcelina Bautista, coordinadora regional de Latinoamérica de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (Caceh), indicó que 23 países a nivel mundial y 13 en América Latina han aprobado el acuerdo.
Expresó que en caso de que en México se ratifique, permitirá establecer en la ley un día de descanso obligatorio, la firma de un contrato de trabajo por escrito, la posibilidad de acceder a la seguridad social para ellas y sus familias y, en general, gozar de los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
De acuerdo con cifras oficiales, en el país casi el 2.4 millones de personas contribuyen todos los días al aseo, preparación de alimentos, cuido de niños y personas adultas en los hogares donde trabajan, 9 de cada 10 no tiene contrato de trabajo la mitad no recibe aguinaldo y sólo el 8 por ciento tiene seguridad social.
Una de cada tres trabajadoras del hogar percibe menos de un salario mínimo, 6 de cada 10 no tiene vacaciones. Para las empleadas del hogar, los artículos 335 y 336 de la LFT especifican que deben percibir una salario mínimo el cual hasta la fecha no ha sido fijado por las autoridades.
De acuerdo con el Caceh, para este sector de la población aun no existe un sistema de seguridad que confirme atención médica y jubilación después de 25 años.
En abril de 2015 el consejo presentó los resultados de una encuesta que realizó a un año antes a 2 mil trabajadoras del hogar en Monterrey, Guadalajara Mérida y Ciudad de México, para dar a conocer la situación de vulnerabilidad que vive este sector laboral.
La muestra reveló que el 36 por ciento de las encuestadas comenzaron cuando eran menores de 18 años y 21 por ciento tenían entre 10 y 15 años; es decir, no contaban con la edad legal para trabajar. En contraste, una de cada 10 encuestadas supera los 55 años. (Fuente: La Jornada)
