La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha anunciado que tomará acciones legales en respuesta a las recientes reformas aprobadas por el Congreso de México a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas resultarían en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, los cuales ascienden a poco más de 15 mil millones de pesos.
La JUFED y magistrados planean presentar un amparo en demanda única contra estas reformas una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta decisión ha sido tomada en cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la sesión de la directiva nacional y directivas regionales de la asociación.
La aprobación de estas reformas por parte del Senado generó un debate significativo en el Congreso y en la sociedad en general. Con 67 votos a favor y 48 en contra, la reforma permitiría que la Suprema Corte, sus magistrados, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral entreguen más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Una modificación al dictamen fue incluida para destinar estos fondos a programas que impulsen el Plan Nacional de Desarrollo. La reforma, que había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados, establece que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.
Los artículos transitorios de la reforma disponen que los órganos y magistrados del Poder Judicial tienen 120 días hábiles para suscribir convenios de extinción o terminación de estos fideicomisos. Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan por la reforma serán atendidas con los recursos correspondientes de los mismos fideicomisos.
Los recursos remanentes deberán ser informados a la Tesorería de la Federación en el mismo plazo de 120 días, y deberán entregarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser destinados a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal.
La decisión de la JUFED y de los magistrados de promover un amparo refleja la preocupación en el sector judicial sobre el impacto de estas reformas en la administración de justicia en México. Este es un tema que ha generado un amplio debate y controversia en el país, y es probable que continúe siendo objeto de atención y discusión en los próximos días.
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