Durante una conferencia de prensa, la senadora Mayuli Martínez Simón lanzó una enérgica crítica contra el gobierno federal, acusándolo de manipular los programas sociales con fines electorales. En un momento de la conferencia, el micrófono de la senadora fue apagado, pero esto no impidió que expresara sus preocupaciones sobre el uso indebido de los programas sociales con propósitos políticos.
Mayuli Martínez destacó que los programas sociales son derechos garantizados por el Estado mexicano y no deben ser utilizados como herramientas políticas por ningún individuo o partido. “Los programas sociales son del gobierno, son instituidos por el estado mexicano, no por una persona”, enfatizó la senadora.
La legisladora recordó que los programas para adultos mayores comenzaron en el año 2000 y están firmemente establecidos dentro del marco legal del país. Además, mencionó la modificación del Artículo 19 de la Constitución, que ahora incluye el uso de programas sociales con fines electorales como motivo de prisión preventiva oficiosa.
“Estamos viendo cómo el gobierno federal está utilizando a los trabajadores más modestos, conocidos como siervos de la nación, para difundir el mensaje de que los programas sociales serán retirados si no se vota por sus candidatos”, denunció la senadora. Martínez Simón calificó esta táctica como un claro ejemplo de manipulación electoral y un abuso de poder por parte del presidente y sus seguidores.
Mayuli Martínez insta a trabajadores a alzar la voz antes de que le corten el micrófono
La senadora subrayó que esta práctica constituye un delito grave, prohibido tanto por la Constitución como por la ley penal, y que el gobierno está poniendo en riesgo la libertad de los trabajadores a quienes obliga a condicionar los programas sociales. Antes de que le apagaran el micrófono, instó a los trabajadores a denunciar a sus jefes y a no incurrir en un delito que podría costarles la libertad.
Las declaraciones de la senadora Mayuli Martínez resaltan la importancia de preservar la integridad de los programas sociales como instrumentos para el bienestar de la población, y no como herramientas para obtener réditos políticos. Su denuncia enfatiza la necesidad de mantener la imparcialidad y la legalidad en el uso de estos recursos, garantizando que lleguen a quienes más los necesitan sin ningún tipo de condicionamiento político.
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