El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la creación de un fondo anual de 64 mil millones de pesos para financiar la nueva reforma de pensiones en el país. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario completo. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que estos recursos provendrán de diversas fuentes, incluido el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, encargado de administrar los bienes confiscados al crimen organizado.
El denominado “fondo semilla” también se nutrirá de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el cobro de adeudos de entes públicos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad social. Además de este fondo base de pensiones, se contempla la obtención de recursos adicionales a través de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y la eliminación de reguladores autónomos.
Luisa María Alcalde explica que el fondo es para que trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario
La reforma de pensiones propuesta busca que el Gobierno aporte recursos públicos para permitir que los trabajadores se jubilen con su último salario completo. Sin embargo, se establece un límite que equivale al salario promedio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siendo de 16,777 pesos en 2023. Luisa María Alcalde explicó que la intención es que los trabajadores puedan retirarse con el 100% de su último salario, proporcionando un complemento solidario para aquellos que se jubilen con el salario promedio del IMSS.
La iniciativa constitucional presentada por López Obrador busca contrarrestar los efectos de la reforma implementada por el Gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, que estableció las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en México, un sistema privado inspirado en el modelo de Chile. La nueva reforma se centra en beneficiar a los trabajadores formales de al menos 65 años que hayan cotizado en el IMSS desde 1997 o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde 2007.
La secretaria de Gobernación afirmó que la reforma tiene como objetivo dignificar y reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores, revirtiendo los impactos de reformas anteriores que afectaron a la clase trabajadora en México. La propuesta debe obtener la aprobación de dos tercios del Congreso para entrar en vigor. La medida se suma a otras acciones gubernamentales destinadas a mejorar las condiciones de vida y seguridad financiera de los mexicanos.
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