Chetumal.- Por lo menos un millón de pesos ha dejado de recaudar el Ayuntamiento de Bacalar por falta de Ley de Alcoholes de Quintana Roo.
Los 55 contribuyentes del ramo operan sin horario extendido, reconoció el tesorero de Bacalar, Juan Gabriel Borges Chim.
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La XV Legislatura realiza modificaciones a la Ley de Alcoholes aprobada en diciembre pasado, para adecuarla a la realidad de Quintana Roo.
El tesorero de Bacalar consideró necesario dar celeridad a dicha acción, pues en tanto se carezca del marco jurídico, el Ayuntamiento resulta afectado.
Porque los propietarios de centros de venta de licor en envase cerrado no pueden hacer los pagos correspondientes.
“No sabemos cómo se va a operar en el horario ampliado. Los propietarios desean pagar porque les conviene la ampliación de horario pero no pueden”, refirió.
Y es que generalmente las contribuciones eran durante los primeros dos meses del año.
Borges Chin dijo que en ese lapso recaudaban al menos un millón de pesos, que si bien representan poco con respecto a otros ayuntamientos, para Bacalar es de gran apoyo.
Para que la Ley de Alcoholes de Quintana Roo sea de acorde a las condiciones de la entidad, se ha participado en reuniones con autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a fin de que la normatividad no resulte contraproducente.
Insistió en la necesidad de contar con el marco jurídico para captar los beneficios proyectados.
En Quintana Roo hay 11 mil 680 patentes, de las cuales la Dirección de Licencias de Vías Alcohólicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) registra nueve mil activas.
El tema primordial en la reforma son los horarios extraordinarios, es decir a partir de las 23:00 horas y hasta las 03:00, porque las disposiciones de la normatividad no favorecen según los empresarios, pues los dividendos se captan en tal período.
La “Ley de alcoholes” exige también contar con cámaras de video, arcos de seguridad y personal certificado, además en caso de riesgo o lesión de algún cliente, aún fuera del establecimiento, la patente sería cancelada por seis años.
Para cumplimiento de lo anterior, se requiere inversión mínima de 130 mil pesos, y no todos los contribuyentes están en condiciones de realizarle. Herlindo Vázquez
