Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado que cualquier recorte al presupuesto del Poder Judicial Federal en México tendría un impacto negativo en la consolidación del sistema penal acusatorio y en la capacidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública para brindar servicios a personas vulnerables. Durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), Piña Hernández destacó la importancia de garantizar la independencia judicial y asegurar una asignación presupuestaria adecuada y suficiente para abordar la creciente demanda de justicia federal en el país.
La ministra de la SCJN expresó su compromiso con la protección de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva, particularmente en la lucha contra las detenciones arbitrarias. Además, anunció que la SCJN publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio, con el fin de proporcionar herramientas prácticas y actualizadas para los operadores de justicia.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había manifestado preocupaciones sobre la impunidad en casos de detenciones arbitrarias en México. La ministra de la SCJN enfatizó el compromiso del Poder Judicial Federal con la protección de los derechos humanos y su disposición para abordar estas preocupaciones y proporcionar información detallada sobre temas de interés para el GTDA, incluyendo la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Esta declaración refleja la importancia de la financiación adecuada para el sistema de justicia y la preocupación por las detenciones arbitrarias en México, así como el compromiso del Poder Judicial Federal de abordar estos temas y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
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