Mototaxista detenido tras brutal agresión
Un nuevo caso de maltrato animal ha sacudido a Playa del Carmen. Un mototaxista fue detenido el martes 1 de julio tras ser captado en video arrastrando brutalmente a una perrita por las calles del fraccionamiento Villas del Sol. El video, difundido en redes sociales, generó una ola de indignación ciudadana que obligó a una rápida respuesta de las autoridades.
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Elementos del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lograron ubicar al conductor tras varias horas de búsqueda. El hombre reconoció su responsabilidad y entregó voluntariamente a la perrita a las autoridades municipales.
Vehículo decomisado y proceso legal abierto
El vehículo con el que se cometió el acto fue decomisado, y el agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Quintana Roo. En paralelo, la agrupación “Pochitortugas”, responsable del servicio de mototaxis, anunció que el conductor fue dado de baja de su base y se deslindó de su conducta.
La Secretaría de Medio Ambiente Sustentable confirmó que el individuo enfrenta un proceso legal por crueldad animal. La presidenta municipal, Estefanía Mercado, declaró: “Este gobierno será siempre la voz de quienes no pueden defenderse. Tolerancia cero al maltrato animal”.
La perrita rescatada fue trasladada al Centro de Control Animal, donde recibe atención veterinaria especializada. Su pronóstico es reservado, aunque se reporta estable. Veterinarios del centro indicaron que presenta lesiones por arrastre, pero no comprometen órganos vitales.
El Código Penal del Estado de Quintana Roo establece penas severas para el maltrato animal. En casos sin muerte, la sanción va de 5 a 9 años de prisión y multas de hasta 200 días de salario mínimo. Si el acto provoca la muerte del animal, la pena puede alcanzar los 10 años de cárcel y multas de hasta 600 días de salario mínimo.
Exigen justicia y mayor protección animal en Quintana Roo
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección animal en el estado. Organizaciones civiles y ciudadanos han exigido justicia y mayor vigilancia sobre los servicios de transporte informal.
Jesús Beltrán, activista local, comentó: “Este tipo de actos no pueden quedar impunes. Es urgente que se castigue con todo el peso de la ley para sentar un precedente”.
Por su parte, la ciudadanía ha respondido con múltiples denuncias en redes sociales y llamados a reforzar la educación sobre el bienestar animal. La indignación colectiva ha sido un catalizador para que las autoridades actúen con rapidez y contundencia.
