En Quintana Roo, un estado conocido por su belleza natural y turismo vibrante, se ha desatado una polémica en torno a la participación de funcionarias en los programas sociales dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad. La inscripción indebida de estas figuras en los programas “Mujer es Vida” y “Mujer es Poder” ha resultado en el cese de siete funcionarias provenientes de distintas áreas del gobierno estatal y municipal, mientras las investigaciones siguen su curso en todos los municipios de la región.
Contenido
El Desarrollo de los Programas y las Irregularidades Detectadas
Los programas “Mujer es Vida” y “Mujer es Poder” tienen como objetivo brindar apoyo y empoderamiento a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo su capacidad económica y fomentando su acceso a la justicia. Sin embargo, recientemente se ha identificado que varias funcionarias habían sido registradas en estos programas, lo que resulta en una clara violación de las reglas de operación de los mismos.
Entre las funcionarias cesadas se encuentran Rosana de los Ángeles Abán Mukul, quien ocupaba el cargo de subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría Estatal del Bienestar (Sebien), así como Janely Monroy Martínez, directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Othón P Blanco, y Breya Hodich Alcocer, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el municipio de José María Morelos.
Casos de Receptores Indebidos de Beneficios
Uno de los casos más llamativos es el de Janely Monroy Martínez, quien recibió los beneficios del programa a pesar de contar con ingresos mensuales promedio de 40 mil pesos. Esto ha desencadenado una ola de críticas y cuestionamientos en relación con la selección de beneficiarios y la efectividad de los mecanismos de control de estos programas.
En el caso del programa “Mujer es Poder”, se identificó la participación indebida de Yecenia Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte, y Ana Luisa Chávez Mah, jefa de departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social, ambas desvinculadas de sus cargos.
Nuevas Revelaciones y Decisiones Tomadas
Las revelaciones sobre la inscripción indebida de funcionarias en estos programas no se detuvieron. Recientemente, se dieron a conocer los casos de Rosilene de Rubí Carvajal Pech, secretaria general de José María Morelos, y Teresa Castillo Rodríguez, directora del albergue estudiantil. Ambas habrían recibido apoyos económicos a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios para ser beneficiarias legítimas.
Ante estas situaciones, el municipio de José María Morelos ofreció a las funcionarias la opción de presentar sus renuncias voluntarias, una medida que busca atender las irregularidades detectadas y restaurar la integridad de los programas.
Acciones de la Contraloría Estatal y el Compromiso con la Integridad
En respuesta a estas infracciones, la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) ha iniciado investigaciones y auditorías exhaustivas. Es fundamental garantizar la transparencia, el cumplimiento de las reglas de operación y el respeto a la esencia misma de los programas, que tienen como fundamento brindar apoyo genuino a mujeres en situación vulnerable.
Estos programas no solo buscan mejorar la situación económica de las beneficiarias, sino también generar planes de vida y empoderarlas para que puedan enfrentar los desafíos de manera efectiva. La inclusión indebida de funcionarias desvirtúa estos objetivos y socava la confianza en la eficacia de los programas.
Restauración de la Integridad de las Mujeres
Las revelaciones sobre la participación indebida de funcionarias en los programas “Mujer es Vida” y “Mujer es Poder” en Quintana Roo resaltan la importancia de la supervisión constante, la rendición de cuentas y la integridad en la administración de programas sociales. El cese de siete funcionarias demuestra la voluntad de las autoridades de abordar y corregir estas irregularidades.
Es crucial que los programas sociales sigan siendo un instrumento efectivo para impulsar el bienestar y empoderamiento de quienes más lo necesitan. Las investigaciones en curso deben esclarecer los hechos y establecer medidas que eviten futuras transgresiones. En última instancia, la restauración de la integridad en estos programas contribuirá a una sociedad más justa y equitativa, donde las mujeres en situación vulnerable puedan acceder a un apoyo genuino que mejore sus vidas y oportunidades.
También te puede interesar: Maltrato animal en México deja 60 mil perritos muertos
