Senado admite fallas en selección de jueces federales
Luego de denuncias hechas por organizaciones civiles, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que el proceso de selección para aspirantes a jueces federales presentó fallas que permitieron el ingreso de personas vinculadas con el narcotráfico. Aceptó que se colaron perfiles que no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, un requisito clave para ocupar cargos en el Poder Judicial.
El legislador de Morena hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice una revisión profunda de las candidaturas y retire el registro a aquellos aspirantes que no cumplen con los requisitos establecidos. Señaló que, aunque la mayoría de los casos detectados provienen del Poder Judicial, también hay al menos un perfil ligado al Poder Legislativo.
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“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, declaró.
Senado admite fallas en revisión
La controversia se encendió tras el reporte de las organizaciones Defensorxs y Laboratorio Electoral, que identificaron al menos seis aspirantes con antecedentes preocupantes. Uno de los casos más notorios es el de Fernando Escamilla Villarreal, quien busca ser juez federal en Nuevo León y ha sido abogado defensor de integrantes del cártel de Los Zetas.
Silvia Delgado, quien aspira a ser juez penal, también fue señalada por haber formado parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Otro nombre mencionado fue el de Humberto Padilla Briones, quien fue detenido por posesión de drogas y un arma de fuego.
El presidente del Senado declaró que la revisión inicial se llevó a cabo, pero no se logró filtrar adecuadamente a todos los candidatos. Agregó que la ciudadanía también puede hacer señalamientos y que es necesario resolver los casos antes de las elecciones.
Detectan vínculos con el narcotráfico
Los casos señalados por las organizaciones apuntan a vínculos concretos con el crimen organizado. Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs, afirmó que Escamilla defendió a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.
Además, se identificó a César Gutiérrez Priego, quien defendió a su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en 1997 por presuntos vínculos con el narcotráfico. También aparece Mauricio Flores Castro, candidato a ministro, quien fue abogado de Juan Collado, involucrado en casos de corrupción y lavado de dinero.
Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán, también busca convertirse en juez, a pesar de estar señalado por presuntas negociaciones con líderes criminales de Zitácuaro.
En total, los casos expuestos generan preocupación sobre la efectividad del sistema de selección para cargos de alta responsabilidad en el Poder Judicial.
INE y Senado se responsabilizan
Ante las críticas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, precisó que fue el Senado quien realizó la primera revisión de las candidaturas, y que el INE sólo validará los perfiles una vez que concluyan las elecciones.
“El Senado nos entregó las listas a través de los tres comités de evaluación. Lo que sigue, una vez que haya resultados, es dar parte al Senado y al Tribunal Electoral para que se determinen posibles incumplimientos”, explicó.
Agregó que cualquier impugnación formal deberá hacerse después de los comicios, cuando se tengan resultados definitivos. Además, subrayó que el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad no depende de opiniones o interpretaciones personales, sino de la aplicación estricta de la norma.
Fernández Noroña opinó que el INE “va tarde” con sus acciones, pero rechazó la posibilidad de impugnar su acuerdo. Afirmó que corresponde al Tribunal Electoral resolver los casos específicos, y reiteró que los candidatos que no cumplen con la ley deben ser excluidos del proceso.
Riesgos en el proceso electoral
Este episodio ha generado inquietudes sobre la transparencia y el control en la designación de jueces. Las organizaciones civiles han advertido que permitir la participación de personas con vínculos criminales no solo pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial, sino que mina la confianza ciudadana en las instituciones.
El tema abre un debate sobre la responsabilidad compartida entre el Senado y el INE, así como sobre la necesidad de reforzar los filtros para evitar que intereses ajenos a la justicia se infiltren en el Poder Judicial.
Mientras tanto, las voces ciudadanas y de la sociedad civil exigen acciones inmediatas para garantizar que quienes impartan justicia cumplan con los estándares éticos y legales establecidos por la Constitución.
Fuente: Excelsior
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