Desde que hace un año el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara la protección federal del derecho al aborto, hasta 14 estados han prohibido esta práctica, lo que ha llevado a millones de mujeres a estar en riesgo ante el alarmante deterioro del acceso a la salud reproductiva y sexual, según advierten expertos en derechos humanos de la ONU.
En un comunicado, los expertos señalan que estas prohibiciones podrían resultar en violaciones de los derechos de las mujeres, como el derecho a la privacidad, la integridad y autonomía física, la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencia, entre otros.
Los grupos más afectados por estas normas antiabortistas son las mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, inmigrantes, con discapacidades, de hogares con bajos ingresos, así como aquellas que se encuentran en relaciones abusivas o en áreas rurales, según recalcan los expertos.
Además, los doctores y profesionales de la salud en Estados Unidos se enfrentan a consecuencias legales incluso si participan en procedimientos relacionados con abortos médicamente necesarios o que salvan vidas, o en la extirpación de tejido fetal en casos de abortos espontáneos incompletos.
Los expertos también expresan su alarma por los crecientes informes de amenazas de muerte a los proveedores de servicios de aborto en diversas partes del país. Asimismo, destacan que los intentos de criminalizar el aborto en muchos estados han disuadido a muchas mujeres y niñas de buscar atención prenatal en el sistema de salud.
Además, señalan que las autoridades encargadas de hacer cumplir estas medidas restrictivas tienen un acceso más fácil a los datos electrónicos de las personas que buscan clínicas que practican abortos, sin necesidad de contar con una orden judicial.
Los expertos de la ONU instan a los gobiernos federal y estatales de Estados Unidos a tomar medidas para revertir esta regresión en el sistema legislativo y promulgar medidas positivas que garanticen el acceso a un aborto seguro y legal.
El comunicado está firmado por miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer y los relatores especiales de libertad de credo, contra la tortura y de protección de los derechos de los migrantes, entre otros.
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