Chetumal.- Otros dos colaboradores del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvieron el beneficio de resguardo domiciliario.
El ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, y la ex directora de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado (CAPA), Paula González Zetina.
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El primero obtuvo el beneficio por complicaciones en su salud. De acuerdo al pronunciamiento del juez tras la audiencia de revisión de la Carpeta Administrativa 151/2017, desarrollada en el Distrito Judicial de Chetumal, el imputado sería trasladado a una clínica privada de Mérida.
Pero la defensa del ex funcionario estatal alegó falta de solvencia económica y claustrofobia, por lo cual se aprobó el traslado a su domicilio en Playa del Carmen, donde quedará bajo custodia de la PEP.
Además, la salud del indiciado se agrava cada vez más por la falta de convivencia con su hijo que padece trastorno neurológico complejo.
El pasado 20 de enero Mendicutti Loría fue detenido en Playa del Carmen por supuesto desempeño irregular de la función pública e irregularidades en el ejercicio de 534 millones de pesos del erario. Tras ser vinculado a proceso dejó en garantía 21 vehículos y 17 propiedades.
El 9 de febrero fue trasladado a una clínica privada de Chetumal por complicaciones en su salud, donde permaneció hasta la tarde de este miércoles.
Respecto al caso de González Zetina, mediante la revisión de medidas cautelares, su defensa logró que el juez concediera el resguardo domiciliario.
En función de que el Juzgado Federal otorgó un amparo en función de que la prisión preventiva no estaba debidamente acreditada por los elementos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La ex directora de la CAPA es acusada de desvío por mil 56 millones de pesos correspondientes a contraprestaciones de Aguakán, y 560 correspondientes a un empréstito avalado por la anterior Legislatura para ejecución interna.
Ambos indiciados dejaron en garantía ante el Juzgado de Control sus pasaportes, visa y documentos personales que les impiden abandonar el arraigo impuesto.
La Policía Procesal realizó el traslado de los ex funcionarios a sus hogares, donde quedaron bajo custodia de la Estatal Preventiva (PEP). Herlindo Vázquez
