El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Amnistía Internacional condenaron este viernes la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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“Esta decisión refleja la naturaleza soberbia e intolerante de los citados gobernantes (Ortega y Murillo) ante la falta de argumentos sólidos para contradecir la contundencia del informe ‘Violaciones de Derechos Humanos en el contexto de las protestas en Nicaragua’. Esta grave crisis de derechos humanos ha colocado a Nicaragua en la categoría de ‘Estado que amenace la paz y la seguridad internacionales’”, difunde el CENIDH.
“Instamos (al gobierno nicaragüense) a demostrar su reconocimiento al OACNUDH, que durante todos estos días de agresión ha acompañado a las víctimas y comprobado en el terreno de la barbarie de un gobierno que funciona al margen de las leyes, que irrespeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, cita el comunicado.
Por otra parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), declaró:
“Con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país ha podido constatar crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, y ha ofrecido al gobierno, a través de su informe, una ruta de soluciones que deberían ser implementadas inmediatamente, además de las ya ofrecidas por diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos.”, finalizó la directora.
“El gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión. Esta postura agrava todavía más la crisis, que ha dejado hasta el presente no menos de 322 personas muertes, miles de heridos, decenas de personas detenidas arbitrariamente y miles que han abandonado su país en busca de protección.”
“La expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es la más reciente acción del gobierno del presidente Ortega para generar un contexto de temor en la población, con el fin de silenciar a las voces disidentes y la exigencia de justicia. Este tipo de acciones no van a impedir que las organizaciones de derechos humanos continuemos exponiendo y denunciando sus tácticas represivas hasta obtener justicia, verdad y reparación para las víctimas”, expresó Guevara Rosas. Fuente: Aristegui Noticias
