“Permiso para Matar”: esta investigación tiene como objetivo documentar una categoría específica de crímenes de guerra: aquellos presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad, ya sean federales o estatales, en contra de individuos inocentes o vulnerables, o aquellos que fueron “detenidos” por estas mismas fuerzas pero nunca llegaron a enfrentar un proceso legal. Estamos hablando de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
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Permiso para Matar
En términos más concretos, nos enfocamos en hombres y mujeres sin ninguna conexión con actividades delictivas, personas sobre las cuales no recaía ninguna sospecha y que no formaban parte de ninguna pesquisa criminal.
Este estudio demuestra de manera contundente que en México, cualquier individuo está sujeto al abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos que sustentan la estrategia de seguridad del Estado.
En este informe, presentamos una lista de más de mil quinientas víctimas identificadas por nombre y apellido. Estas personas fueron víctimas de agentes de autoridad, policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no como parte de la lucha contra el crimen organizado, sino como consecuencia de un conjunto de actos atroces.
Aunque pueda parecer una cifra pequeña en comparación con los 371 mil asesinatos en tres periodos presidenciales, estas mil quinientas vidas no pueden ser minimizadas, ya que son representativas de una problemática más amplia. En estas circunstancias, la magnitud de la tragedia es triplemente agravada.
Personas sin vinculos delictivos
Las víctimas son personas que estaban en su hogar, saliendo de la escuela, haciendo compras en una tienda, practicando deportes como el fútbol, viajando por carretera o simplemente compartiendo una comida en un restaurante.
Incluso aquellos que salían de la biblioteca de su institución educativa, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes asesinados por el Ejército en marzo de 2010, no están a salvo. A pesar de la notoriedad de casos como este, la impunidad persiste.
En muchos de estos casos de “Permiso para Matar”, las fuerzas de seguridad argumentan que simplemente “cometieron un error” o que sus acciones fueron resultado de “indisciplina”. Incluso en situaciones evidentes, se evade la responsabilidad, y es únicamente gracias a la persistencia de las familias, la labor periodística y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que estos casos llegan a la luz. Rara vez la justicia proviene de los líderes gubernamentales.
Más que simples equivocaciones
El conjunto de casos, similitudes en los patrones de operación y la perpetua impunidad indican que estos eventos son más que simples equivocaciones o casos aislados. Revelan una preocupante realidad: las fuerzas de seguridad saben que no habrá consecuencias legales. Actúan con la seguridad de la impunidad, conscientes de que tienen el permiso tácito para disponer de la vida de cualquier individuo. En México, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Este listado inédito de víctimas clama por justicia y exige respuestas. ¿Por qué alguien que salió brevemente de casa es arrebatado de esta manera? ¿Por qué el gobierno encubre a quienes cometen crímenes atroces?
La investigación “Permiso para Matar” se basa en una variedad de fuentes, incluyendo registros periodísticos, testimonios, investigaciones académicas y recomendaciones de comisiones de derechos humanos. La metodología empleada abarca desde búsquedas en Google hasta un buscador diseñado específicamente para este propósito, desarrollado por Óscar Elton y Mónica Meltis de Data Cívica.
60 mil referencias
Más de 60 mil referencias fueron revisadas y filtradas para la investigación “Permiso para Matar”, y los casos seleccionados encajaron en categorías específicas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas que involucraban a fuerzas estatales o federales. Además, estos individuos no estaban involucrados en actividades delictivas y no tenían órdenes de arresto ni de jueces. También se tomaron en cuenta las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos.
Este proceso “Permiso para Matar” implicó investigaciones, entrevistas y análisis de casos específicos. Un equipo diverso de periodistas de diferentes regiones del país contribuyó en esta tarea, sumando sus voces a la lucha por la verdad y la justicia.
Con información de Animal Político.
