Chetumal, Q. Roo.- Los cobros por el suministro de agua potable en Quintana Roo es de los más caros a nivel nacional.
Y la persecución y excesos de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) hacia los usuarios y morosos, es ilegal y atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía.
El presidente del Movimiento Humanista de Quintana Roo, Mario Ulises Lara Velázquez, acompañado de simpatizantes de la corriente, entregó por tercera ocasión la iniciativa intencionada a modificar la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable.
La petición también se fundamenta en la necesidad de desaparecer la DRAEF, porque trastoca el derecho humano al agua. Además de que incurre en agravios para al final despojar al usuario de sus patrimonios.
Consideró que en Quintana Roo el servicio de suministro de agua potable es caro y deficiente.
Porque “la tarifa básica”, sea la mínima por mes es de 129 pesos, que en los últimos tres años ha incrementado en casi el 115 por ciento.
En caso de adeudar más de dos meses, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) turna al usuario a la DRAEF.
Dicho organismo obliga al usuario a formalizar un convenio de pago. Sin embargo, antes debe dejar en garantía algún artículo o bien que cuyo valor sea del 300 por ciento con respecto al adeudo.
Pero el usuario debe solventar el pago en tres parcialidades mensuales, de lo contrario perderá el bien en garantía.
Eso ha ocasionado que al menos 15 mil usuarios tengan adeudos ante la DRAEF. En lo que va de la presente administración no se han registrado embargos a casas. Pero durante la anterior hubo 54.
“Es un monstruo creado en contra de los ciudadanos… No se puede permitir que nos cobren gastos de ejecución fiscal porque no nos entregaron un solo peso partido por la mitad… Debemos pagar por lo que consumimos y nos llegan recibos elevados pues no dan agua las 24 horas, es cuando quieren y por migajas: un chorrito por la noche o por horas”, sentenció.
Exigió a los diputados cumplir la promesa de modificar la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable, porque la actual se basa con la inflación, que es un fenómeno que agobia al Sur de Quintana Roo.
Porque la CAPA también carga a los usuarios, los aumentos en el cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Expuso que en el Sur de Quintana Roo existe insolvencia económica y en caso de que la XVI Legislatura no considere el tema de CAPA, la ciudadanía ya comienza a proponer la negativa al pago del servicio de suministro de agua potable.
La iniciativa fue entregada ante la Oficialía de Partes y se dio vista al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Edgar Humberto Gasca Arceo, para se le considere en la Agenda Legislativa 2019-2022.
La CAPA registra aproximadamente 15 mil morosos que representan alrededor de 47 millones de pesos en multas y recargos.
