Chetumal, Quintana Roo.- Para evitar que el exgobernador Roberto Borge Angulo abandone el país con la intención de evadir la justicia, la Decimoquinta Legislatura exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General del Estado, a que soliciten al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitan una alerta migratoria y aseguren bienes y recursos en su propiedad, para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado de Quintana Roo.
En la sesión ordinaria número 28, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el punto de acuerdo por obvia y urgente resolución, presentado por los integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y respaldado por los diputados de MORENA, Nueva Alianza, Encuentro Social y del diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.
El acuerdo, firmado por las diputadas Mayuli Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Solís Salazar y Laura Beristain Navarrete, así como por los diputados Eduardo Martínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández, Jesús Zetina Tejero, José Esquivel Vargas y Fernando Zelaya Espinoza, establece que existe el riesgo fundado de que el exgobernador abandone el país con el fin de evadir la justicia.
“Esto no es solo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, explica el documento.
En su intervención, el diputado Jesús Zetina Tejero, del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Mesa Directiva, dijo que la Legislatura hará los exhortos que sean necesarios para darle justicia a los quintanarroenses.
El diputado José Esquivel Vargas, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, expresó que la solicitud del Poder Legislativo es pertinente y válida.
Y es que en el debate previo, la diputada Leslie Hendricks Rubio y los diputados Raymundo King de la Rosa, José de la Peña Ruiz de Chávez y José Luis González Mendoza, expusieron sus razones por las que no estaban de acuerdo con este exhorto, que finalmente fue aprobado por mayoría con 13 votos a favor y 9 en contra.
Hendricks Rubio recordó que en anteriores determinaciones legislativas para revertir reformas que perjudicaban a los quintanarroenses, los diputados del PRI han mostrado su respaldo. Sin embargo, consideraron que este Punto de Acuerdo no está apegado al debido proceso.
El diputado José de la Peña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que no es el momento procesal oportuno para solicitar una alerta migratoria.
Mientras que el diputado Raymundo King del PRI, consideró que la alerta migratoria debe ser solicitada por un juez y no por el propio Poder Legislativo, pues debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia. En el mismo sentido se pronunció el diputado González Mendoza.
En la exposición de motivos, se señala que el 15 de noviembre de 2016, se emprendieron acciones legales en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo, en función del probable daño patrimonial que ocasionó al Estado de Quintana Roo, a través de la enajenación, en condiciones irregulares, de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial.
De las investigaciones realizadas por parte de la Secretaría de la Gestión Pública, y del trabajo realizado por diversas comisiones de la Decimoquinta Legislatura, se desprende la presunción de un daño patrimonial mayúsculo a la entidad.
Si bien ya se han presentado las denuncias correspondientes ante la PGR y la Fiscalía General del Estado, al día de hoy no se han tomado las providencias para evitar que el dinero mal habido sea utilizado por el exgobernador para abstraerse de la justicia. Tampoco se ha hecho lo correspondiente para garantizar que esos recursos no sean transferidos o escondidos, con la finalidad de que sean recuperados y destinados para reparar el daño patrimonial ocasionado.
Es por ello que el Congreso del Estado solicita a las instituciones encargadas de procurar justicia, que requieran a las autoridades pertinentes para que de manera precautoria se congelen las cuentas bancarias y aseguren los bienes y recursos necesarios en propiedad de Borge Angulo, así como de posibles cómplices y encubridores, para evitar que ellos sean utilizados para evadir la acción de la justicia.
Los legisladores tienen la certeza de que, a través de estas medidas, será posible garantizar que el imputado responda frente a las autoridades por los delitos que se le acusan, y en caso de ser declarado culpable por el juez, cumpla con la sentencia y restituya los daños patrimoniales.
En la misma sesión, la diputada Jenni Juárez Trujillo del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los tres niveles de Gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan las medidas de acción necesarias, para la aplicación de los mecanismos encaminados a erradicar la violencia laboral en contra de las mujeres.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, propuso exhortar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para que en cumplimiento a las condiciones estipuladas en el título de concesión otorgada a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., (Aguakán) realice las evaluaciones semestrales sobre la operación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Finalmente, las diputadas Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Patricia Peralta, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, hicieron uso de la tribuna para pronunciar discurso en relación al “25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Fuente: Clic Noticias
