En los próximos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la segunda parte de las reformas político-electorales y se espera que declare la invalidez del decreto 2, según el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek. En caso de que esto suceda, se anularía por completo el denominado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el decreto 1 también fue invalidado previamente.
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Análisis de la anulación del “Plan B”
Miguel Ángel Romero, analista y consultor político, señaló en una entrevista que es probable que los ministros sean coherentes con la votación sobre la primera parte del “plan B” y también invaliden la segunda parte, dejándolo sin efecto. Esta situación genera incertidumbre respecto a las propuestas y cambios planteados en el marco político-electoral.
El decreto 1, publicado el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue invalidado el 8 de mayo de 2023 por una mayoría calificada de ministros de la SCJN, quienes consideraron que se aprobó con violaciones graves al procedimiento legislativo. Ahora, el análisis se centra en el decreto 2, publicado el 2 de marzo de 2023, el cual busca reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y contiene reformas a tres leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Después de la aprobación de estas reformas, se presentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos, legisladores y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). El proyecto que será discutido por el pleno de la Corte se basa en estas acciones y propone la invalidación del decreto 2 debido a las violaciones al proceso legislativo que se cometieron, al igual que en el caso del decreto 1.
Acciones de inconstitucionalidad; Proyecto Laynez Potisek
Según el proyecto del ministro Laynez Potisek, se presentaron un total de ocho acciones de inconstitucionalidad entre el 3 y el 31 de marzo de 2023. Estas acciones argumentan que el decreto 2 vulneró la prohibición constitucional de realizar reformas electorales dentro de los 90 días anteriores al inicio de un proceso electoral, así como violaciones graves a los principios constitucionales que rigen los procedimientos legislativos. También se argumenta que se omitió la consulta a comunidades indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.
El proyecto del ministro Laynez Potisek plantea ocho preguntas jurídicas concretas cuyas respuestas determinarán si la SCJN declara o no la invalidez total del decreto 2. Entre los argumentos presentados se encuentra el hecho de que el Congreso no estaba obligado a realizar un parlamento abierto para las reformas y que tenía la facultad de solicitar que se tramitaran como urgentes las iniciativas del presidente López Obrador. Sin embargo, se argumenta que los legisladores incurrieron en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, lo cual sería suficiente para invalidar el decreto 2.
El proyecto también destaca que no se llevó a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad, a pesar de la obligación constitucional de hacerlo. Por lo tanto, se considera parcialmente fundamentada la invalidez del decreto debido a estas omisiones.
En caso de que la SCJN invalide el decreto 2 con al menos ocho votos a favor, todo el “plan B” será declarado inconstitucional y las normas político-electorales que prevalecerán serán las anteriores a su aprobación. Esto implica que se seguirán aplicando las disposiciones establecidas en la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, así como las leyes secundarias derivadas de dicha reforma. Estas normas han regido las elecciones federales desde 2015 hasta la fecha.
En conclusión, el análisis y posible invalidez del “plan B” en la SCJN plantea incertidumbre sobre los cambios propuestos en el marco político-electoral. En caso de que se invalide el decreto 2, se mantendrían vigentes las normas previas a su aprobación, lo que implica que el INE y las disposiciones electorales seguirían como estaban antes de la reforma. La decisión final recaerá en los ministros de la SCJN, quienes determinarán si el “plan B” es constitucional o no.
Fuentes: Animal Político
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