Siete patrullas de la Policía Turística de Cancún intervinieron el pasado miércoles 9 de abril para detener a dos mujeres indígenas que vendían artesanías en la vía pública, justo frente al complejo Isla Dorada, en la zona hotelera. El hecho fue grabado en video por testigos y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó indignación entre los usuarios por lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza pública.
En las imágenes, además del número de patrullas, destaca la presencia de un oficial con el rostro completamente cubierto, lo que ha generado cuestionamientos sobre su identidad y el motivo de su participación en un operativo de este tipo, que no representaba una amenaza visible.
La situación ha abierto un debate sobre los límites del control policial en zonas turísticas, el trato hacia poblaciones indígenas y la aplicación de normas sobre comercio informal en espacios públicos.
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Respuesta oficial tras la polémica
Luego de la difusión del video, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT) del municipio de Benito Juárez publicó un comunicado oficial el jueves 10 de abril, donde anunció una revisión del protocolo aplicado por los oficiales involucrados.
“Se ha instruido una revisión del protocolo de actuación aplicado por los elementos que participaron en una intervención reciente, a fin de garantizar que toda acción policial se apegue a los principios de proporcionalidad y respeto”, indicó la dependencia en su pronunciamiento.
De acuerdo con la versión oficial, una de las mujeres presuntamente mostró resistencia durante la intervención, motivo por el cual fue presentada ante un juez cívico. Sin embargo, no se impuso ninguna sanción económica. Ambas mujeres se retiraron del lugar tras ser informadas de las disposiciones que prohíben el comercio ambulante en la zona hotelera de Cancún.
Preocupación por discriminación y abuso
La actuación de los cuerpos de seguridad fue señalada por numerosos usuarios como un acto discriminatorio y desmedido. El uso de siete unidades para controlar a dos personas que no representaban una amenaza evidente ha sido uno de los puntos más criticados, al igual que la falta de sensibilidad cultural hacia las mujeres involucradas, quienes, según testigos, vendían artesanías tradicionales sin alterar el orden público.
Las redes sociales han servido como plataforma para amplificar estas voces, muchas de las cuales señalan que las autoridades no suelen actuar con la misma rapidez o contundencia ante problemas más serios, como robos, violencia o tráfico de drogas. En contraste, el operativo contra las vendedoras fue ejecutado con un despliegue inusual de recursos.
Otro aspecto que generó inquietud fue la presencia de un oficial totalmente cubierto del rostro, lo cual ha sido interpretado como una señal de opacidad en la actuación de las fuerzas del orden, especialmente en un operativo de naturaleza administrativa y no de seguridad o riesgo.
Zona hotelera bajo lupa
La zona hotelera de Cancún es un área donde rige una normativa estricta sobre comercio informal. Las autoridades municipales sostienen que estas disposiciones buscan preservar la imagen del destino turístico, evitar la saturación de espacios públicos y garantizar la seguridad de los visitantes. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la aplicación de estas reglas no siempre se hace con perspectiva de derechos o consideración hacia sectores vulnerables.
Este incidente se suma a otros cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública en Cancún y la relación entre autoridades locales y grupos en situación de vulnerabilidad, como trabajadores informales, migrantes o indígenas. La presión pública ha obligado a las autoridades a comprometerse a revisar protocolos y reforzar la capacitación de los agentes en temas de derechos humanos.
Revisión pendiente y vigilancia ciudadana
Hasta el momento, no se ha informado de sanciones hacia los elementos que participaron en el operativo. Sin embargo, la SMSCyT reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y señaló que continuará evaluando el comportamiento de sus elementos para corregir posibles fallas en la actuación policial.
Mientras tanto, diversos colectivos y ciudadanos han pedido transparencia en el proceso de revisión, así como garantías para que hechos como este no se repitan. La vigilancia ciudadana a través de redes sociales y medios digitales ha sido fundamental para visibilizar situaciones de abuso o trato desigual por parte de las autoridades.
El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de equilibrar la regulación del espacio público con el respeto a la dignidad de las personas, en particular cuando se trata de grupos históricamente marginados.
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