Chetumal Q.Roo.- Ahora que el exgobernador Roberto Borge Angulo ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la administración actual, todas las miradas se centran en la persona que está encargada de investigarlo y llevarlo ante la justicia, el fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, nombrado por el propio ex Gobernador, pero que además recibió como “obsequio” una notaría, a nombre de su esposa, reveló este día el diario Quequi.
De acuerdo con la información firmada por el reportero Luciano Núñez, el nombramiento de María Teresa Suárez Álvarez como notario público 112 de Cancún, viene a confirmar una vez más que el fiscal “heredado” al actual gobierno tiene lazos de lealtad con la persona que ahora le toca investigar, lo que supone un conflicto de intereses que debiera prender los focos de alerta.
Era un escenario predecible, pues Borge, en los últimos meses de su mandato, y sabiendo que el nuevo gobierno entraba con la promesa de campaña de auditar su administración, se encargó de poner diversos “candados” legales, conocidos como su “paquete de impunidad”, que incluía el nombramiento de Álvarez Escalera como fiscal por un periodo de nueve años.
Aunque la Fiscalía es una figura autónoma, su titular no fue consensuado con la sociedad organizada o con colegios de profesionales, sino que se asignó en automático a quien se desempeñaba como procurador, una persona subordinada que ya había demostrado su lealtad al gobernador en turno, al ocultar los múltiples desvíos realizados en su administración y al no perseguir las denuncias que afectaban los intereses del gobierno.
Sin embargo, el deber su cargo a Borge Angulo no era suficiente y el ex Gobernador se encargó de darle de “obsequio” la notaría pública 112 a su esposa, María Teresa Suárez Álvarez; fue sólo uno de los beneficiados con este “pago de favores” del gobernante saliente.
Faltaban pocos meses para que terminara la administración de Roberto Borge Angulo, y el entonces gobernador (papel y lápiz en mano) se vio obligado a elaborar una nutrida lista para el forzoso “pago de favores” a quienes mantuvieron la lealtad aún a prueba de todo.
Según las investigaciones y la información que ha dado a conocer el gobierno actual, fueron tres las herramientas que utilizó: tierras públicas, placas de taxi y notarías. Por otro lado, mandó diseñar un complejo entramado legaloide para dejar en puestos claves a sus incondicionales, acción que fue denominada como “paquete de impunidad” o “blindaje”.
Si bien el Congreso del Estado, dio reversa en muchos puntos que tenían que ver con las sanciones, quedaron en firme dos posiciones claves: el fiscal general, en manos de quien fuera el procurador, Carlos Arturo Álvarez Escalera y el auditor del estado, Javier Zetina.
Álvarez Escalera fue ascendido a procurador tras la salida de Gaspar Armando García Torres, a quien el gobernador apuntó en la lista de los que le tocaba notaría. Pero también quiso hacerlo del mismo modo con el flamante fiscal, a quien le aseguró un periodo de nueve años.
Fue así como Borge le asignó la notaría 112 de Cancún a María Teresa Suárez Álvarez, esposa del fiscal general, según consta en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo a la edición del 11 de julio de 2016 de esta publicación, en su Tomo II, Número 63 Extraordinario Ter, se entregaron 23 notarías “en paquete”, incluida la de la esposa del fiscal general.
Ella fue solo una de las beneficiadas por el régimen saliente. También recibieron patente otros funcionarios públicos, como Javier Jesús Cárdenas Rivero (entonces procurador del ambiente), las diputadas Berenice Polanco (hoy regidora) y Judith Villanueva; además de parientes, como el hermano del diputado Juan Carlos Pereyra, Jorge Julián Pereyra Escudero, entre otros.
Todas estas notarías se entregaron con una convocatoria amañada en el periódico con pocos días de diferencia a la asignación de las mismas, motivo por el que diversos abogados se inconformaron e interpusieron amparos, que impiden que entren en operación.
De acuerdo a fuentes consultadas, una notaría puede alcanzar los ocho millones de pesos y existen 123 en todo el territorio estatal.
Según un documentos de Transparencia, las primeras cinco notarías del estado fueron entregadas por Jesús Martínez; 10, Pedro Joaquín Codwell; 10 por Miguel Borge; 5 por Mario Villanueva, 15 por Joaquín Hendricks. Los números se dispararon durante el sexenio de Félix González Canto: se entregaron 29 notarías; de acuerdo a los registros, desde la 46 a la 74.
El gobernador Roberto Borge Angulo entregó, en sus primeros cinco años, 25 notarías: de la 75 a la 100; y a pocos meses de dejar su mandato, lista en mano y en una sola convocatoria, de fecha 17 de junio 2016, otorga de la 101 a la 123 (23 de un solo plumazo): 48 nuevas notarías.
Si bien la denuncia de la PGR contra la designación del fiscal y el auditor de Quintana Roo quedó sin materia (acciones de inconstitucionalidad 57/2016 y 64/2017), el gobernador Carlos Joaquín tiene la facultad de nombrar a un nuevo fiscal, según confirmó un diputado que pidió reservas. Sería cuestión de semanas para que esto suceda.
Fuente: Noticaribe
