Cancún.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), una queja en contra de la presidenta municipal de Tulum, Romalda Dzul Caamal por la comisión de actos y conductas violatorias del artículo 134 Constitucional, hechos constitutivos de delitos electorales.
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Por tal motivo, el partido solicita a la instancia administrativa en materia electoral, se inicie un procedimiento especial sancionador en contra de la edil y de diversos funcionarios públicos de ese Ayuntamiento, como Héctor Galicia Oropeza, Director de Relaciones Publicas y José Audomaro Solís Pacheco, Director de Eventos Especiales y líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tulum, entre otros servidores públicos.
El representante suplente del PRD ante el Consejo General del Ieqroo y el presidente estatal del sol azteca, Carlos Montalbán Colón y Jorge Aguilar Osorio, respectivamente, explicaron que la queja está fundamentada en actos cometidos tanto por la presidenta municipal como por diversos funcionarios, quienes han hecho uso de recursos públicos para destinarlos a la campaña electoral del hermano de la alcalde, Marciano Dzul Caamal, quien es candidato a la presidencia municipal de ese Ayuntamiento.
A la queja se adjuntaron fotografías que se han publicado en páginas electrónicas oficiales, así como en cuentas de redes sociales de algunos de los servidores públicos, las cuales, comprueban el uso tanto de recursos económicos como humanos que el municipio está desviando a la campaña proselitista.
Carlos Montalbán, señaló que dicha evidencia fotográfica, advierte que tanto los titulares, como los trabajadores de varias direcciones, están volcados haciendo proselitismo a favor del hermano de la actual presidenta municipal, Romalda Dzul Caamal, configurándose de esta manera una operación de desvíos de recursos humanos y económicos a la campaña.
Dichos actos, dijo, transgreden y violan el artículo 134 de la Constitución Federal, el cual, establece que los servidores públicos, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, a efecto de garantizar que no se beneficie a ningún candidato o partido político.
De esta forma, se busca tutelar el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir y/o coaccionar el voto de los ciudadanos durante un proceso electoral.
Aguilar Osorio, refirió que es evidente que, en el municipio de Tulum, bajo la tutela de Romalda Dzul, están desviando recursos públicos a la campaña de su hermano, por lo que, el PRD pide a la autoridad electoral se apliquen las sanciones correspondientes. Redacción
