En Quintana Roo, más de dos mil reos en las cárceles de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal no tienen sentencia dictada por un juez. Del total de personas privadas de su libertad, 1,634 se encuentran recluidas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, una medida que en 2023 fue declarada incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal 2024 muestran que, hasta el 2023, había 3,666 personas privadas de su libertad en Quintana Roo. De estas, 3,470 son hombres y 196 son mujeres, todas ellas distribuidas en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, Cancún y Cozumel, y en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen.
El informe revela que el 65.1% de estos reclusos no había recibido una sentencia hasta el año pasado, lo que equivale a 2,387 personas en espera. De estas, 652 están en prisión preventiva justificada, 1,634 en prisión preventiva oficiosa y 101 bajo otros supuestos jurídicos. Además, 201 personas tienen una sentencia no definitiva y solo 1,078 cuentan con una sentencia definitiva.
Para las autoridades, la prisión preventiva justificada es una medida que busca evitar que los imputados puedan sustraerse de la acción de la justicia, siempre a consideración de un juez. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa se dicta automáticamente cuando la persona es vinculada a proceso por delitos graves previstos en el artículo 19 de la Constitución, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, y otros delitos cometidos con medios violentos.
Esta medida ha sido objeto de debate en México, especialmente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al país por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Se espera que el tema sea retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que regresen de vacaciones.
El censo del Inegi también reveló que, de las 3,666 personas en las prisiones de Quintana Roo, 10 no hablan español, 94 hablan alguna lengua indígena y 152 tienen algún tipo de discapacidad.
A nivel nacional, al cierre de 2023, las personas recluidas en centros penitenciarios estatales y federales ascendieron a 233,277, de las cuales el 37.3% no tiene sentencia, es decir, 86,984 personas. Además, 17,202 tienen una sentencia no definitiva y 125,281 una sentencia definitiva.
En México existen 331 centros de reclusión, de estos, 14 son centros penitenciarios federales, 266 son centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados. La situación de los reos sin sentencia en el país sigue siendo un desafío para el sistema judicial y los derechos humanos.
Fuentes: Novedades Quintana Roo
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