La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) advirtió que varias playas históricamente públicas de Cancún podrían enfrentar un proceso de privatización de facto, derivado de los cambios contemplados en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez.
De acuerdo con el colectivo ambiental, playas como Las Perlas, Langosta, Tortugas y Marlín, que durante décadas fueron de acceso libre, aparecen en los planes recientes como zonas de “servicios turísticos”, lo que, según denuncian, podría restringir el acceso ciudadano y beneficiar a intereses privados.
Al respecto, Monica Huerta, representante de la organización, dijo que presentarán una nueva solicitud al municipio exigiendo que el nuevo PDU devuelva el uso de suelo de playa pública a playa, conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, pues refiere que al clasificarlas como servicios turísticos limita el libre acceso a espacios que pertenecen a todos.
“Vamos a presentar un escrito para exigir a nuestras autoridades municipales que reconozcan oficialmente dentro del Programa de Desarrollo Urbano no solo las 3 playas públicas que oficialmente existen en Cancún sino todas las demás playas de las que se tienen existencia aparte de Playa del Niño Playa Delfines y Playa Coral”, indicó.
Asimismo, Monica Huerta, recordó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó al municipio varios lotes destinados a garantizar accesos públicos y la conservación de playas; sin embargo, en las versiones más recientes del PDU estos terrenos aparecen reclasificados, lo que incrementa el riesgo de que sean destinados a fines privados o comerciales.
Según la organización, de las más de diez playas que históricamente eran públicas, actualmente solo Playa del Niño, Playa Delfines y Playa Coral mantienen reconocimiento oficial y eso evidencia la falta de acción del Ayuntamiento para proteger el litoral y garantizar el derecho ciudadano al disfrute de estos espacios.
El colectivo insistió en que el PDU 2025-2030 debe priorizar la protección del patrimonio natural y evitar una privatización encubierta de las playas, en cumplimiento con la normativa federal que las reconoce como bienes de uso común.
En contraste, el síndico Miguel Ángel Centeno informó que la actualización del PDU podría concretarse durante el primer semestre de 2026, al señalar que el proceso busca también privilegiar el crecimiento vertical de la ciudad y proteger las zonas de captación de agua en la región sur del municipio.
El funcionario reconoció que no será posible concluir el nuevo plan este año debido a su complejidad técnica y a la necesidad de garantizar un proceso transparente e incluyente.
“Me atrevo a decir que no será este año; es un proceso que se tiene que dar conforme a la ley. Ya se está trabajando en la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero sin duda no nos da tiempo. Pensamos que hacia el primer semestre de 2026 es alcanzable este margen para concretar la actualización”, explicó.
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