La Comisión Permanente de la XVII Legislatura de Quintana Roo ha llevado a cabo una acción significativa al someter a consideración de comisiones una propuesta que busca fortalecer las restricciones en torno a las candidaturas para cargos de elección popular.
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Prohibición de candidaturas
Esta iniciativa, presentada por legisladores de Morena, tiene como objetivo reafirmar la no elegibilidad a candidaturas de personas que hayan sido sancionadas por actos de violencia política dirigidos hacia la mujer. Además, se busca ampliar esta restricción para abarcar a aquellos individuos que hayan sido condenados como deudores alimentarios y agresores de mujeres.
A pesar de que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo ya prohíbe a los sancionados por violencia política de género presentarse como candidatos, esta nueva propuesta busca reforzar esta medida al insistir en la inelegibilidad de aquellos registrados en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género.
Es importante destacar que estas restricciones ya son de cumplimiento obligatorio en todo México gracias a la reciente reforma constitucional conocida como “3 de 3 contra la violencia de género”. Esta reforma impide que cualquier individuo condenado por delitos relacionados con la violencia hacia la mujer, la deuda alimentaria o la violencia política de género acceda a cargos públicos en todos los niveles de gobierno.
Restricciones una vez que reforma entre en vigencia
Esta iniciativa también se alinea con las enmiendas recientes a la Constitución del Estado, donde se establecen las prohibiciones ya mencionadas. Se espera que estas restricciones sean aplicadas de manera estricta una vez que la reforma entre en vigencia, a pesar de que su promulgación se ha retrasado por parte de la titular del Ejecutivo, Mara Lezama.
Cabe mencionar que, a pesar de que la Ley Electoral ya contenía disposiciones que impedían las candidaturas de individuos condenados por delitos que involucraran violencia de género o violencia política de género, la nueva propuesta busca simplemente armonizar estas restricciones en la ley secundaria, adaptándolas a las disposiciones constitucionales más recientes. Esto incluye extender la prohibición también a deudores alimentarios.
Los proponentes de esta iniciativa subrayan su objetivo de erradicar la cultura patriarcal y fomentar una nueva mentalidad que rechace la violencia. Asimismo, buscan evitar lagunas legales que permitan interpretaciones ambiguas, lo que podría permitir a individuos con historial de violencia ocupar cargos públicos. Se plantea, por tanto, establecer inelegibilidades claras que los tribunales electorales puedan aplicar desde una perspectiva de género.
Con información de Diario Cambio 22.
