Cancún.- Empresas transportadoras turísticas, representadas por José Bizarro Galván, presidente de la asociación civil Movimiento Tour, desmintieron que hay acuerdos con Sintra; que la Ley estatal de Movilidad no puede regular el servicio público federal de transporte, y que haya cerca de diez mil unidades con este tipo de placas en la entidad.
Dio a conocer que en Quintana Roo sólo hay entre siete mil a siete mil 500 camionetas con placas federales otorgadas por la SCT, quien cuenta con una base de datos y registro nacional actualizado de las mismas. De ahí que negó que vengan de otras entidades o sean empresas “golondrinas”, al estar registradas en la entidad, al pagar impuestos y generar fuentes de trabajo en el Estado.
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Dijo que a una semana de que 180 unidades realizaron una caravana por toda la Zona Hotelera de Cancún para demostrar su hartazgo en contra de las ilegalidades y hostigamiento de parte de los inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en su decidido apoyo cómplice con los sindicatos de taxistas de Quintana Roo, hasta la fecha el gobernador Carlos Joaquín no los ha querido recibir ni escuchar; pese al pliego petitorio entregado el pasado siete de este mes, en el edificio de la representación del Gobierno en la Zona Norte del Estado.
Debido a eso, adelantó a Clic que los abogados de la asociación que preside trabajan en la promoción de acciones de inconstitucionalidad, al insistir el Gobierno del Estado estar por encima de la Ley federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, y que están en curso varios amparos.
Además de que, informó, Sintra les ha negado hasta la fecha solicitudes de permiso estatal a 19 empresas transportadoras turísticas para circular por la entidad; situación que se contradice, ya que los infracciona por la falta del documento, pero no se los quiere entregar al saber que incurriría en una ilegalidad, aseguró.
Dijo que los abogados de la Movimiento Tour les recomendaron a los operadores solicitarle a Sintra el permiso, al respaldarse en el artículo 32 de la Ley de Transporte estatal; indicó que en caso de negarse a darles los permisos, pues por Ley tienen tres meses para que se las otorguen, les permitirá ir ante un Juez y argumentar que al tener placas de servicio público federal está incurriendo el Gobierno de Quintana Roo en una ilegalidad. De ahí que, reiteró, lo que quieren las empresas es que se respete y se cumpla la Ley, pero federal. Redacción





