El diputado Ángel Alanís, indicó que los ajustes propuestos, establecerán requisitos legales claros para otorgar préstamos, prohibir el cobro de multas e intereses no pactados, así como obligar a los prestamistas a que entreguen recibos debidamente autorizados, para comprobar el monto y número de pagos hechos por el cliente.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados propuso crear un Registro Nacional de Prestamistas, a fin de regular esa actividad económica y evitar abusos contra personas que por necesidad, recurren a esa vía de financiamiento.
El diputado Ángel Alanís, indicó que los ajustes propuestos, establecerán requisitos legales claros para otorgar préstamos, prohibir el cobro de multas e intereses no pactados, así como obligar a los prestamistas a que entreguen recibos debidamente autorizados, para comprobar el monto y número de pagos hechos por el cliente.
Alanís Pedroza señaló que para poner en marcha ese tipo de disposiciones, se tendrá que reformar el Código de Comercio, el Código Penal, el Código Civil y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otros ordenamientos.
Al subrayar que la intención del Sol Azteca es poner freno a abusos de quienes se aprovechan de la necesidad ajena para obtener dividendos económicos y cobrar deudas que a la postre se vuelven impagables, el congresista indicó que las empresas de préstamos no están debidamente reguladas.
El secretario de las comisiones de Desarrollo Rural y de Puntos Constitucionales de San Lázaro, detalló que muchas de ellas, enganchan al usuario al solicitar como único requisito para acceder a préstamos, la presentación de una identificación oficial.
Una vez que el usuario ha accedido, se imponen multas y recargos ilegales por atraso en los pagos, se cobran intereses no previstos ni acordados y se entregan recibos impresos que con el paso del tiempo se borran, por lo que no queda constancia de que el cliente cubrió sus adeudos en tiempo y forma.
Indicó que en términos financieros, los préstamos económicos realizados entre civiles, se identifican como “mutuo” y en caso de que exista un contrato, éste se llama “contrato de mutuo”.
Agregó que entre los distintos tipos de contratos, los hay con cobro de interés y sin cobro de interés; no obstante, los prestamistas hacen que el usuario firme pagarés, a fin de comprometerlo legalmente e incluso, tener herramientas para demandar por la vía civil por incumplimiento o exigir pagos que en muchas ocasiones, son excesivos.
“Es decir, simulas una operación civil, encubriéndola como operación mercantil. Son prácticas que ya deben regularse y deben sancionarse además. Porque a raíz de que en algunos estados se han estado defendiendo los deudores, porque muchos deudores no es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar o no aceptan pagar lo que se dice que se debe, porque saben que no es cierto que se adeude”, abundó.
Añadió que a lo abusos de prestamistas, se suma la exigencia de la entrega de escrituras de propiedad y la firma de papeles a su favor, con el argumento de que una vez saldado el préstamo, los documentos regresarán al propietario original.
“Entonces, siempre el deudor queda indefenso en manos de gentes, en la mayoría de los casos sin escrúpulos, que solamente reconocen los pagos que quieren reconocerte y aquellos que no quieren reconocerte, pues no. Ésa es una de las vertientes que nosotros queremos plantear en el siguiente periodo ordinario de sesiones”, recalcó.
Expuso que la falta de regulación en la actividad de préstamos de dinero entre civiles es tal, que se desconoce cuántas personas se dedican a ese tipo de negocio, por lo que contar con un padrón a nivel nacional es indispensable, como uno de los primeros pasos para poner orden y regular la actividad.
Advirtió que las personas que recurren a esa modalidad para obtener préstamos de manera rápida y porque los bancos y otras instituciones no los amparan, en la mayoría de las veces requieren de cantidades que no son tan grandes y que rondan los 10 mil pesos en promedio.
Sin embargo, por el cobro de intereses, cuotas, recargos por retrasos y honorarios del prestamista, el usuario termina pagando 15 mil pesos; aunado a que el prestamista no paga impuestos, finalizó.
(Fuente MVS )
