Cancún.- A finales de este mes de junio, se pondrá en operaciones en el municipio Benito Juárez el Centro de Justicia para las Mujeres, a petición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual es exigido como medida preventiva para evitar la alerta de género.
Los centros de justicia para las mujeres nacen a nivel nacional, para proporcionar un modelo de atención especializada a las víctimas de violencia y sus hijos. La intención es ofrecer bajo un mismo techo los recursos integrales legales, psicológicos, tutelar de su integridad física, refugio temporal, entre otros servicios necesarios para hacer valer sus derechos y aislarlas de una vida violenta.
El centro de Cancún contará con un modelo de atención especializada, buscando erradicar condiciones y malas prácticas que propicien que vuelvan a ser víctimas de la violencia, y de servidores públicos que generan una doble victimización al no cumplir con su obligación de respetar su dignidad, investigar los delitos con diligencia y sin omitir pruebas en la integración de expedientes.
“Ahí, estará la Mesa Especializada en Delitos Sexuales y de Trata de Personas, una Unidad de Atención a la Mujer, un área de psicología para atención a víctimas, un área especial que servirá como refugio temporal, en fin… en este momento, se está capacitando al personal en atención a víctimas y otros protocolos exigidos en programas de las Naciones Unidas”, detalló la vicefiscal general, Rosaura Villanueva Arzápalo.
Este necesario inmueble que se ubicará en la Región 94, debió ser puesto en operaciones por el exgobernador, Roberto Borge Angulo, pero debido a que fue concluido en su primera etapa en el mes de marzo de 2015, sin informar de su existencia a la nueva administración estatal, las instalaciones se deterioraron de manera general; se arruinaron los sistemas eléctricos, techo, paredes, aires acondicionados, etcétera.
Además, al no ponerlo en funcionamiento, la Conavim negó los recursos económicos necesarios para la creación de la segunda etapa. Fue hasta el inicio de la administración de Carlos Manuel Joaquín González cuando la federación autorizó ocho millones de pesos (de 14 millones solicitados) para echar a andar las instalaciones, explicó la vicefiscal general.
“Efectivamente, todo esto se derivó por la petición de alerta de género. Desafortunadamente, las autoridades anteriores hicieron caso omiso, cuando desde noviembre o diciembre del año pasado tenían que haber tenido listo este proyecto, para tener ya en funcionamiento el inmueble. Es por eso que en el mes de marzo de este año nosotros lo retomamos y se empezó a trabajar sobre los protocolos, sobre la cuestión jurídica y todas las observaciones que se hicieron por parte de la Conavim”. (Fuente: El Quintana Roo)
