Cuatro departamentos del exclusivo desarrollo Maioris Towers fueron recuperados por sus legítimos propietarios de origen español.
Se trata de uno solo de los más de 30 casos denunciados en Quintana Roo como parte de los despojos operados desde la Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel estatal durante la administración de Roberto Borge Angulo.
Desde las cuatro de la tarde y hasta las 20 horas, con un grupo de cinco cerrajeros, la empresa Maioris Towers recuperó primero el departamento número 8 y luego el 25 de la torre izquierda de este complejo turístico ubicado en el corazón de Puerto Cancún. Y más tarde obtuvieron el departamento 80 y 92 de la torre derecha. En el primer departamento había una pareja de origen cubano, la mujer inicialmente opuso algo de resistencia y al final aceptaron salir y sacar sus pertenencias en un camión de mudanzas. En el segundo caso, sólo estaba la nieta de los propietarios. Durante este proceso hubo apoyo de elementos de Seguridad Pública. El abogado Francisco Siman Carpio, apoderado legal de Maioris, explicó que el juicio laboral del que se inicia este caso es 292/2010. Cuatro supuestos empleados de la empresa Maioris Towers se adjudicaron uno de los departamentos reclamando a la empresa una indemnización de 1.4 millones de pesos tras un juicio laboral ilegal que derivó en un laudo mediante el cual quedó embargada la propiedad.
Después de apropiarselo, los vendieron en la misma cantidad (1.4 millones de pesos), pese a que su costo comercial ronda los 7 millones de pesos.“Fueron cuatro, los trabajadores inicialmente les vendieron a diversas personas. Los trabajadores se adjudicaron en un 1 millón 400,000 pesos un departamento que vale 350,000 dólares y lo revendieron en la misma cantidad, por medio de un notario”, explicó el abogado, quien tramitó el amparo 405/2016 ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún, el cual ordenó a la Junta Local No. 2 habilitar al actuario para restituir la propiedad de los cuatro departamentos a sus legítimos propietarios. Por separado la empresa lleva a cabo otro proceso legal para recuperar 19 departamentos más que fueron vendidos de manera ilegal y en los que hubo la participación de la notaría No. 22, en los que presuntamente se utilizaron sellos falsos del Gobierno del Estado para simular que era legal la operación.
“Suplantaron la firma de nuestra apoderada, la suplantación de la firma de un banco acreedor hipotecario, falsificaron documentos, como fue la carta de instrucción de cancelación de hipoteca, además se utilizó un sello como notaria suplente, cuando en esa época, 2011 era notaria titular”, dijo el abogado.
Apenas el mes pasado, la titular de la Secretaría del Trabajo en Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, denunció haber recibido amenazas de muerte tras haber interpuesto las denuncias penales correspondientes en contra de los titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por al menos 30 casos similares. Fuente: El Economista
